El número de casos presentados por los Estados ante la Corte Internacional de Justicia y por particulares ante la Corte Penal ha aumentado considerablemente en los últimos años. Un claro síntoma de que se confía cada vez más en una justicia universal.

Es un día agitado en el Palacio de La Paz, sede del Tribunal Internacional de Justicia y máximo órgano judicial de Naciones Unidas. La puerta se abre y luego del grito solemne “La Cour”, entran los quince jueces que lo conforman y quienes dirimirán el proceso que hoy los ocupa.

Italia y Alemania han llegado hasta La Haya para dirimir una vieja disputa jurídica sobre compensaciones por el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El caso enfrenta a dos países con fuertes lazos de amistad, pero que deciden acudir al Tribunal Internacional de Justicia enLa Haya (TIJ) para dirimir pacíficamente las disputas entre dos Estados. Y ahí radica la razón de la vigencia y la permanencia de este máximo tribunal.

Radio Nederland inicia esta semana Justicia sin Fronteras, una serie multimedia sobre el impacto de los tribunales internacionales en América Latina.

TIJ: Más casos, más presencia femenina
Hace más de una década era muy común que los pocos casos que llegaban ante el Tribunal, involucraran a naciones del primer mundo o con un importante peso en los escenarios de la comunidad internacional. Sin embargo, desde hace un tiempo, la situación ha variado sustancialmente.

En la última década, casos entre naciones del tercer mundo, anteriormente recelosas de la justicia internacional, han ido aumentando. Esto se debe, según el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Maastricht, Fabián Raimundo, a que en la última década la Corte Internacional de La Haya ha ido elevando su prestigio y legitimidad: “Desde hace 10 o 12 años, la lista de casos del tribunal no ha bajado de la docena de asuntos en curso. Esto ha sido posible porque el Tribunal ha ganado la confianza de Estados que otrora le desconfiaban, incluyendo los países latinoamericanos. En el pasado era impensable que un país latinoamericana trajera una disputa jurídica ante el Tribunal”.

Raimundo apunta otro elemento que ha cambiado en el quehacer del Tribunal. Por primera vez entre los jueces hay presencia femenina. “Lo interesante de la composición actual es que por primera vez hay dos mujeres, y esto es un hecho bastante singular porque siempre había sido muy dominado por el sexo masculino”.

CPI: No puede haber crimen sin castigo
A unos cuantos kilómetros de la Corte Internacional se encuentra el edificio de la Corte Penal Internacional de la Haya (CPI) que fue creada por el Estatuto de Roma en el año 2002. La institución ha suscitado enormes expectativas entre las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en cualquier rincón del mundo, quienes ponen en este tribunal todas sus esperanzas de que algún día se haga justicia. Es la primera corte que se ha creado de manera general y permanente para contribuir a investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y quizás en algún futuro próximo también el crimen de agresión. Es una corte que investiga los hechos cometidos por individuos, y por eso se diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve conflictos entre Estados, o de otros tribunales que se han creado con un objetivo específico para juzgar situaciones determinadas.

La argentina Silvia Fernández de Gurmendi, quien es una de los cuatro jueces latinoamericanos con asiento en el Tribunal, hace hincapié en que la CPI no es una corte de derechos humanos: “es una diferencia importante, porque por ejemplo un hecho de tortura, puede ser una violación muy grave a los derechos humanos pero para que sea un crimen de competencia de esta corte debe realizarse como parte de un contexto generalizado o sistemático. Eso es lo que hace que este hecho de tortura se convierta en un crimen de lesa humanidad”.

Diez años, una sentencia
En la actualidad, la CPI atiende siete casos: Uganda, República del Congo, Darfur-Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia y Costa de Marfil. En América Latina tiene abiertas dos investigaciones preliminares en Colombia y Honduras. Hasta el momento, no se ha dictado ninguna sentencia en estos diez años de existencia, pero se espera que muy pronto se conozca el veredicto contra Thomas Lubanga, jefe de un movimiento rebelde en la República Democrática del Congo, acusado de crímenes de guerra.

Ante la aparente lentitud en la resolución de los casos, la Jueza Fernández de Gurmendi apunta que muy al contrario, ella cree que los tiempos de la Corte han sido muy rápidos: “Debemos pensar que la creación de la Corte se hizo después de cinco años de negociaciones, pero después de 50 años de esperar que esto se produjera. Una vez adoptado el Tratado en el 2002 había que traducirlo en una realidad operativa”. Había, continúa la magistrada, que crear una institución, elegir a los jueces y al fiscal general, y ahora que se ha superado esa etapa, los tiempos de la Corte se están acelerando rápidamente y vamos a ver más casos y más sentencias. “Creo que la importancia de la Corte no debe juzgarse eventualmente por los casos que se terminan sino por todo lo que significa el proceso en su conjunto, incluyendo el incentivo para los sistemas nacionales para adoptar la legislación adecuada y para impulsar juicios a nivel nacional”.

La CPI es una institución muy joven en el conjunto del sistema de Naciones Unidas. No obstante, su prestigio ha crecido considerablemente, pero sobre todo el interés y las solicitudes desde todas las partes del mundo de quienes consideran que se han violado los derechos humanos. Ése es quizás el mayor reto que tiene la institución en su futuro inmediato: atender todas estas expectativas con los recursos que tiene, evitando a toda costa que se repita uno de los eternos problemas de la justicia y quizás el mejor aliado de la impunidad: la saturación procesal. Algo que según Gurmendi, está lejos de ocurrir.