Son miles los delitos que se han esclarecido en Colombia por cuenta de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, el conflicto continúa y los crímenes contra la población no cesan. ¿Debe actuar la CPI ?

Por Luisa Fernanda López y Beatriz Diez

Esta semana el Parlamento de Colombia aprobó en primera instancia una reforma a la Ley de Justicia y Paz. La Fiscal General, Vivian Morales, insistió en la necesidad de hacer más expedita esta forma de justicia transicional, priorizando los crímenes a juzgar. Justicia y Paz permitió la desmovilización de miles de paramilitares.

Son miles los familiares que gracias a las confesiones de los desmovilizados, han conocido la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos y hoy están un paso más cerca de que se haga justicia. Pero muchas otras, llevan años olvidadas por la justicia colombiana, y ponen sus esperanzas en la Corte Penal Internacional. Una esperanza que se limita a aquellos crímenes cometidos con posterioridad a la fecha de la creación de la CPI, es decir, luego del 2002. Este no parece ser el caso de los sobrevivientes de la masacre de Ciénaga Grande de Santa Marta. Hace 11 años, el 22 de noviembre del 2000, 57 paramilitares llegaron en varias lanchas y asesinaron allí a 37 personas. Luego de la matanza, la población huyó despavorida. Recogimos en el siguiente video el testimonio de Jesús Suárez, quien regresó luego de años de desplazamiento.

En sus seis años de aplicación, la ley de Justicia y Paz ha generado cuatro sentencias por crímenes de lesa humanidad. Son pocas si se miran a la luz del número de delitos que según la Fiscalía han sido esclarecidos gracias a las confesiones de los paramilitares acogidos a ella. Sólo en los casos de homicidio, los paramilitares han confesado 48 mil delitos.

Pero las cifras se deben interpretar desde otra perspectiva. La de los logros. El más importante: el de conocer la verdad. Gracias a ello, entre otras cosas, muchos familiares han conocido el paradero de los restos de sus seres queridos. Y eso no ha sido poco. Así lo plantea el presidente de la Sala de Justicia y Paz, el Magistrado Eduardo Castellanos Rozo “Estamos procurando el anhelo nacional de saber cómo fue que estos grupos se originaron, cómo fue que se enquistaron en la sociedad, y por otra parte, a las víctimas se les está respondiendo de alguna manera con su caso, se les está contando cómo fue que se planeó, cómo se atentó contra su ser querido y eso conduce finalmente a que las víctimas puedan darle curso a su duelo”.

La otra gran verdad que Colombia intuía, pero que pudo constatar a través de las audiencias de los postulados, fue la connivencia del poder político y económico con estos grupos criminales. La Fiscalía de Justicia y Paz ha referido a las instancias pertinentes más de 400 casos de altos funcionarios, incluidos políticos, involucrados con estas estructuras criminales.

La barbarie por fuera de Justicia y Paz
Más allá de los logros o fracasos de Justicia y Paz, hay un espectro de criminalidad que preocupa aún más a juristas y representantes de víctimas. Se trata de todos aquellos perpetradores de crímenes que no entran dentro de la limitada cifra de postulados por el gobierno ante la ley de desmovilización.
Aunque la veracidad del número de paramilitares desmovilizados continua siendo motivo de polémica, el gobierno del ex Presidente Uribe habló de 31 mil personas que entregaron las armas, de las cuales sólo 4.511 se acogieron a Justicia y Paz. ¿Y los demás?

Este hecho es el que Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas califica de perverso dentro de esta ley. “Los reflectores se han colocado sobre determinados aspectos, oscureciendo lo más grave, y es el que 27 mil paramilitares fueran dejados en libertad, sin ninguna investigación, con el argumento de que no tenían antecedentes judiciales o aludiendo a que eran simples soldados rasos. Esto pudo ser así, e incluso había niños entre ellos, pero la mayoría eran criminales que masacraron gente, que la descuartizaron, que violaron mujeres, que cometieron crímenes atroces”.

El papel de la CPI en Colombia
La Corte Penal con sede en La Haya adelanta desde hace un par de años un examen preliminar a Colombia. El Fiscal General, Luis Moreno Ocampo, ha visitado en un par de oportunidades el país, y en declaraciones públicas de ese entonces, dijo que el pueblo debía estar seguro que si “el gobierno colombiano no cumplía con su compromiso de hacer justicia, la Corte intervendría”.

Esta tarea de atenta vigilancia del máximo tribunal penal internacional es valorada por el ex-director del Centro Internacional para la Justicia Transicional, Michael Reed, como “muy pasiva” y señala algunos errores cometidos en este seguimiento. “Uno de ellos es la concentración de la vigilancia en el aparato de Justicia y Paz. Aquí lo que debe preocupar no son los criminales confesos, los que están dispuestos a confesar todos sus delitos para acceder a penas alternativas. Lo que debe preocupar son todas esas personas que el sistema de Justicia y Paz no está investigando y que en algunos casos pertenecen a las altas esferas del poder económico y político y a quienes esta justicia transicional no puede investigar”.

Otras exigencias van más allá. Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas habla incluso de que a la Corte Penal de La Haya se le está pasando “su cuarto de hora” para actuar en Colombia. “En este momento hay unas personas que están privadas de la libertad, otras que están en libertad pero que aún están en el país y las autoridades podrían detenerlas, respondiendo a una orden internacional de captura para que la CPI las procesara. Por eso nosotros urgimos a la Corte para que intervenga; todavía es tiempo de hacerlo aunque cada vez disminuyen las posibilidades de unos resultados eficientes”.

La tarea de hacer justicia en Colombia es una carrera contrarreloj. A la dificultad de desenmarañar las redes y las cabezas que han hecho posible la perpetración de millones de crímenes de lesa humanidad, se suma la continuidad del conflicto. Ambas cosas facilitan la impunidad. Algo contra lo que luchan tanto fiscales como jueces colombianos y que, según el Fiscal General Luis Moreno Ocampo, la Corte Penal internacional no va a tolerar.