En otras palabras, la comunidad latinoamericana de naciones se encuentra pasmada y dividida. No se puede reconocer un proceso derivado de un golpe de Estado, pero tampoco se puede negar una elección, pues desde que fueron cayendo las dictaduras desde los años ochenta, el planteamiento esencial era que los gobernantes debían rotar mediante las urnas. Sorprende también el silencio, muy difícil de interpretar, de los amigos –o ex amigos- del presidente Zelaya. Los gobernantes del ALBA no han hecho ninguna declaratoria, han bajado al mínimo sus referencias al caso hondureño, y el tema fue sacado de los largos discursos de algunos de sus presidentes, como Chávez.
 

Desconcierto entre la población

Por supuesto lo fundamental es el proceso político interno. Los golpistas no ceden y se insiste en que Zelaya debe ser juzgado, el Congreso ni siquiera se reunió para discutir su posible retorno a inicios de noviembre, y se ha generado un ambiente de linchamiento contra Zelaya y sus seguidores. Ciertamente la opinión pública está desconcertada, y ello podría derivar o en un alto abstencionismo o inclusos en conatos de violencia, que sería lo peor que podría suceder. Las leyes de Honduras, muy difíciles de entender por sus inconsistencias, prohíbe la difusión de resultados de encuestas desde un mes antes del proceso. La últimas encuestas de octubre daban un triunfo casi seguro al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo. Sin embargo, los liberales, encabezados por Elvin Santos, dicen insistentemente que se acercan a poder disputar la elección a Lobo. Nadie sabe si los seguidores del partido de Zelaya, Micheletti y Santos al final votarán por el exvicepresidente de Zelaya, o ellos mismos darán un voto de castigo, o absteniéndose o apoyando a alguna otra opción electoral. Un dato clave es tomar en cuenta que en la elección presidencial de 2005 la abstención fue de 44 por ciento, y que Porfirio Lobo obtuvo un 47 por ciento de lo votos. Si Lobo gana y un porcentaje parecido de la ciudadanía se abstiene, será muy difícil sostener por los países latinoamericanos que no es un proceso legítimo. Además hay que tener en cuenta que según algunas informaciones, van a ser testigos del proceso 2000 observadores, 6 expresidentes latinoamericanos, un amplio grupo de senadores y diputados de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, e incluso observadores del Parlamento Europeo.
 

Si la elección se realiza en condiciones de “normalidad”, o sea, sin violencia y sin cuestionamientos a las formas técnicas, y si no hay intentos de fraude, violencia en casillas, u otras irregularidades, va a ser muy difícil descalificar el proceso. Se debe tener en cuenta que según información oficial proporcionada por el ejército y los jefes policíacos, la elección va a ser vigilada por 19 mil soldados y 12 mil policías. O sea, los sectores más radicales del zelayismo, si intentan obstaculizarla de forma activa, podría llevar actos a un callejón sin salida, aunque no se observa éste escenario en el horizonte.

¿Impunidad para los golpistas?

Suponiendo que sea Lobo o Santos el que gane los comicios, y que estos se desarrollen con el mínimo de condiciones para ser calificado como exitoso, vienen grandes preguntas ¿qué va a pasar con Roberto Micheletti?, pues ha insistido que le urge dejar el poder y como se dice en América Latina, lavarse las manos de la mejor manera posible. ¿Qué va a pasar con el presidente Zelaya?, pues políticamente es insostenible que siga viviendo en la embajada de Brasil, pero también es inviable intentar enjuiciarlo, como pretenden la corte suprema y muchos diputados. ¿Qué va a pasar con el jefe de las fuerzas armadas?, quien instrumentó la fase final y decisiva del cuartelazo, y por tanto es responsable de la captura en la casa presidencial de Zelaya y su traslado a Costa Rica, más aun cuando hasta informes del Congreso de Estados Unidos señalan que esta fase del derrocamiento del presidente fue totalmente ilegal.
 

Se antoja el escenario de la reconciliación como el más viable. O sea, el ganador, Lobo o Santos, se debería deslindar del golpe, empiece a dar señas de impulsar algún tipo de amnistía, y pueda ascender a la presidencia según el calendario, el 27 de enero de 2010, intentando implementar medidas para superar la grave crisis política. Muchos problemas están en el camino. Una oligarquía política envalentonada por haber sacado a Zelaya del poder, y que se logró sostener en el poder contra todas las presiones de la comunidad latinoamericana de naciones y embargos comerciales y hasta políticos, como la suspensión de visados de Estados Unidos, y una izquierda movilizada alrededor de la figura de Zelaya, que se siente ultrajada y que no va a quedar satisfecha solamente con el proceso electoral.
 

Finalmente, a la diplomacia latinoamericana ésta crisis la deja al desnudo, con graves inconsistencias que van desde asuntos de principios, como la defensa de la democracia y los medios que se deberían emplear para que no sea ultrajada en el futuro, como sucedió el 28 de junio en Honduras. Otros principios a debatir, hoy no viables, como los sostenidos en la Carta de la OEA o la Constitución de México, afirman que la soberanía de los Estados es inviolable, pues es claro que todo el mundo ha metido las manos en Honduras, pero también ha sido evidente que las posiciones soberanistas sirvieron a los oligarcas hondureños que respaldaron incondicionalmente el golpe y lograron sostenerse.

Por Raúl Benítez Manaut