Personaje central en la defensa en los años ochenta de la democracia hondureña, el Procurador General de los derechos humanos de Honduras, Ramón Custodio López, profundiza con Radio Nederland sobre las razones de su apoyo incondicional al gobierno de facto de Roberto Micheletti.

En una extensa entrevista, Custodio López defiende sus principios éticos que explicarían sus razones para rechazar la figura de Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras.

De acuerdo a Custodio López, los acontecimientos del 25 de junio, fecha en que Zelaya fue removido del poder, “no deben verse como una ruptura del orden constitucional”.

El Procurador de los Derechos Humanos de Honduras argumenta que Zelaya venía acumulando un importante volumen de violaciones al orden constitucional hondureño, lo cual condujo al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia a dictar su destitución del poder.

Custodio López critica abiertamente la forma en que Manuel Zelaya estaba gobernando en Honduras, “permitiendo que la figura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, interfiriera en el futuro político de esta pequeña nación centroamericana”.

Niega que en Honduras, a lo largo de los cinco meses en que Roberto Micheletti ha venido ejerciendo el poder tras el golpe militar, se hayan producido violaciones a los derechos humanos. Es contundente al señalar que en Honduras “se ha mantenido el estado de derecho, sin alteraciones de ningún tipo”.

Advierte que Honduras ha caído en el abismo de una guerra mediática de desinformación, “inflando situaciones que no han tenido lugar, violaciones a los derechos humanos que no han existido, desapariciones de personas, exageración de hechos y tergiversación de la realidad”.

Por su apoyo a los acontecimientos del 25 de junio, Custodio López fue condenado por todos los defensores de los derechos humanos de América Latina, calificando como “una vergüenza para los ombudsman del continente”.

Pero responde: “Nunca he sido un socio de los corruptos. Prefiero estar solo que mal acompañado”.

“Estos operativos son intimidatorios. Arrestan a la gente sin cargo ni razón, luego desaparecen”, denuncia Herrera.

“Semanas atrás el gobierno de facto dio órdenes a los alcaldes para que soltaran los nombres de las personas que integran la resistencia, para identificarlos como posibles conspiradores del proceso electoral”, dice Herrera.

“Luego se producen los operativos barriales, sumergiendo a la población en un mar de elementos militares y policiales. Todos los derechos individuales son papel mojado. Los excesos de autoridad están a la orden del día”, señala el activista.

“La violencia ha recrudecido en esta crisis constitucional”, en opinión de Herrera, quien junto con otras organizaciones no gubernamentales han lanzado la Plataforma Nacional de los Derechos Humanos.

“En Honduras hay un estado de indefensión. Se habla que después del golpe, quienes se suponen deberían defender el pueblo y denunciar las violaciones, no lo hacen. El triste papel del Comisionado Nacional de los DD.HH. lo dice todo: desvirtuar las violaciones a las personas, juntándose con los poderosos y la política”.

“Estamos ante una institucionalidad muy debilitada, que ha perdido toda la credibilidad que tenía. Por eso necesitamos alternativas y plataformas de defensa”, concluye.