La situación de exclusión social que vive un convaleciente taxista dominicano y el caso de dos niñas de ascendencia haitiana a las que República Dominicana negó la nacionalidad, nos adentra en los laberintos del marco legal en ese país caribeño.

Realización de Juan Carlos Roque

Sin marco legal para proteger los derechos individuales ninguna sociedad puede trabajar en aras de la anhelada cohesión social que promueve el Club de Madrid, integrado por ex jefes de Estado y de Gobierno. En este capítulo de la serie comprobamos que si bien Dominicana proyecta su futuro con la mirada puesta en la inclusión social, la práctica demuestra lo contrario.

Muro de contención
Una sociedad inclusiva debe asegurar, en todo caso, que los individuos y grupos tengan un lugar en la sociedad en la que viven. La igualdad de oportunidades es un requisito básico para lograr esa aspiración. Pero el taxista dominicano Isidro Zayas choca con un muro de contención de leyes exclusivas. Hace cuatro años sufrió un derrame cerebral que lo dejó incapacitado. “Pero la vida sigue”, dice mientras conduce el taxi con una sola mano, la izquierda. La derecha está inamovible como consecuencia de la parálisis.

El caso de Isidro lo consultamos con el doctor Leopoldo Artiles Gil analista principal en Bienestar Social de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, y con la socióloga Maria Altagracia Mendoza, especialista en materia de seguridad social de esa entidad estatal dominicana.

Polémico caso legal
Pero la exclusión social de la que es objeto el taxista Isidro Zayas se repite en otras historias que dejan traumas sicológicos muy marcados. Es el caso de dos niñas dominicanas de ascendencia haitiana a las que República Dominicana negó la nacionalidad y a cuya historia se refiere el Padre Antonio Yuberes, de Fe y Alegría.

¿Por qué un estado democrático tiene que pasar por la vergonzosa situación de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La abogada Chandrai Estévez, del Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana relata los hechos y señala cómo el estado dominicano, aunque ya reconoce a las niñas su nacionalidad, se resiste a cumplir con otros aspectos de sentencia condenatoria dictada por el organismo internacional.