Invitados por la organización Brigadas Internacionales de Paz, llegaron a Europa representantes indígenas guatemaltecos para denunciar los daños que ocasiona en su territorio la presencia de empresas mineras y una fábrica de cemento. Hablamos con ellos.

Fernando Cabrera

Esta vez se trata de Guatemala. Los habitantes del municipio San Juan Sacatepéquez han logrado a base de protestas detener las actividades de minería y las de una fábrica de cemento. Según un representante de las comunidades que prefiere hablar desde el anonimato, las protestas de los comunarios se deben a que las operaciones de las empresas van a causar irreparables daños a la naturaleza y agotará el agua que necesitan los campesinos para beber.

El representante indígena habla al programa Cabildo Abierto de Radio Nederland en nombre de una organización guatemalteca que aglutina a 12 comunidades mayas Kaqchikeles en el municipio de San Juan Sacatepéquez. Junto a otros compañeros llegó el lunes 6 de febrero a Alemania con el fin de visitar algunas instancias a través de las cuales se pueda presionar al gobierno de Guatemala para que preste seria atención al conflicto.

Desde el 2010, momentos en que llegó a la región la empresa Progreso S.A., la población de las comunidades ha realizado diversas actividades de protesta por lo que consideraron una violación a la propiedad privada. “Lo que nosotros queremos es que se nos consulte pues nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones sobre nuestro territorio. Hemos nacido y hemos vivido allí por más de trescientos años.”

La concesión de tierra que el gobierno dio a la compañía fue hecha en forma ilegal, afirman los comunarios. El gobierno del entonces presidente Álvaro Colom no consultó a los habitantes del municipio sobre la llegada a su territorio de las compañías que tenían pensado realizar una de las inversiones más grandes que se hizo en la región alcanzando un monto de 350 millones de dólares. ‘No existe reglamento al respecto’, fue la explicación que dieron las autoridades.

La magnitud de la inversión es precisamente lo que preocupa a los comunarios, que a base de continuas protestas consiguieron detener las actividades de prospección y extracción mineras. El respaldo que recibieron las comunidades a través de una decisión de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que el gobierno con o sin reglamento debió haberles consultado ha sido ignorada por este completamente.

Otra representante de los indígenas guatemaltecos que realiza un periplo por algunos países de Europa, entre ellos Holanda, y que por razones de seguridad tampoco revelamos su identidad, lamenta que desde el momento en que llegó la empresa al municipio las amenazas contra dirigentes campesinos son una constante. “Los habitantes de estas comunidades incluso han sido amenazados por gente de la empresa’’, dice.

Al daño ambiental se suma entonces la violación de los derechos humanos de los habitantes de la región al quedar invadido su territorio. Un estudio realizado por la Comisión de Expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) determinó la necesidad de consultar a la población y de entablar un dialogo con los actores sociales sobre el trabajo minero en el área.

Más que todo en base a esas conclusiones es que los comunarios de San Juan Sacatepéquez continúan rechazando la presencia de la empresa Cemento Progreso S.A. y el proyecto cementero ‘San Juan’ en el que la multinacional suiza tiene un interés del 20%.

La localidad ya enfrenta problemas de agua y que algunas personas padecen enfermedades. Problemas que, desde el punto de vista de las comunidades, son resultado del trabajo de las empresas mineras cuyo objetivo es localizar cerca de 34 minerales existentes en la región.