
Las fuerzas militares venezolanas continúan haciendo frente a la crisis que se vive en el penal de El Rodeo, a 40 km. de Caracas, donde un grupo de presos mantiene una posición de resistencia armada desde el pasado viernes.
El gobierno venezolano espera tomar el control del penal de El Rodeo en las próximas horas, según declaraciones del ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami. El Aissami declaró que las autoridades lograron establecer este miércoles comunicación directa con los presos que están al frente de la resistencia armada a la intervención militar. El ministro esperaba que "durante la noche, los hermanos internos de El Rodeo logren reflexionar y deponer su actitud".
[related-articles]La comisión de negociación que se ha creado para enfrentar la crisis, formada por funcionarios, religiosos, y amigos y familiares de los presos, esperaba poder hablar con los sublevados para que permitan el ingreso de las autoridades a la cárcel.
Según los datos oficiales, son cerca de 1.000 los presos que resisten atrincherados en una zona del penal, bajo el mando de jefes de bandas criminales que han impedido que el resto de reclusos se entregue.
Más fondos para el sistema penitenciario
El enfrentamiento armado entre internos del penal de El Rodeo que pertenecen a diferentes bandas ha tenido como resultado la muerte de al menos 23 personas. Las fuerzas de seguridad intentan desde el viernes controlar la situación, pero el grupo de presos sublevados resiste con fuerza. Esta revuelta ha puesto una vez más sobre el tapete la situación de insostenibilidad en que se encuentra el sistema penitenciario venezolano, que tiene cabida para 14.000 personas pero en realidad cuenta con más de 50.000 presos (45.000 en el 2010, según las cifras oficiales), quienes se hacinan en condiciones de insalubridad y violencia.
En este sentido, el gobierno venezolano ha anunciado que destinará más recursos económicos para atajar este problema y adoptará nuevas medidas para paliar las carencias del sistema. Por el momento se ha creado una comisión oficial para desmantelar las mafias que permiten el tráfico de armas a las prisiones y desde el Parlamento se ha abierto una investigación sobre los mecanismos que permiten a los presos armarse.
El ministro venezolano del Interior subrayó que las autoridades garantizaron a los presos el respeto de sus vidas y de los derechos humanos de toda la población privada de libertad que se encuentra en el penal, al tiempo que agradeció la "voluntad irrenunciable" de los familiares y religiosos que facilitaron el diálogo.