El Senado uruguayo aprobó el miércoles un proyecto de ley que hace a toda la población potencial donante de órganos, excepto para los casos en que la persona exprese su oposición, con el objetivo de reducir la escasez de órganos y los tiempos de espera para un trasplante.

"Toda persona mayor de edad que, en pleno uso de sus facultades, no haya expresado su oposición a ser donante por alguna de las formas previstas (...) se presumirá ha consentido la ablación de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos", indica el texto aprobado con 24 votos en 27, y que contó con el respaldo de todos los partidos políticos.

En caso de tratarse de menores de edad o de personas incapaces, el consentimiento deberá ser otorgado por su representante legal tras constatarse el fallecimiento.

La iniciativa pasó ahora a la Cámara de Diputados, en donde se espera que también cuente con los votos necesarios para su ratificación.

En la actualidad, la ley de 1971 que regula la donación de órganos en Uruguay prevé que son donantes las personas que hayan declarado en vida su voluntad de serlo o por el consentimiento de familiares tras su fallecimiento. Desde 2003, además, se estipula que son donantes presuntos las personas que fallecen por una muerte violenta que requiera pericia forense.

"El proyecto sigue la legislación francesa, española e italiana donde se presume el consentimiento del ciudadano, pero se deja abierto para que diga que no, y (hay) otro registro que permite que la donación sea total o parcial", dijo a la AFP Sergio Abreu, senador del opositor Partido Nacional y redactor del texto legislativo.

"El objetivo es el autoabastecimiento en materia de órganos. Uruguay tiene un sistema nacional de transplantes que es un ejemplo de transparencia, por lo que se despeja cualquier duda de irregularidades al respecto", aseguró el senador.

Según el texto del proyecto, "los familiares serán informados acerca de la necesidad y naturaleza de los procedimientos a practicarse o practicados", pero no tendrán la opción de negarse a la donación.

Para el senador oficialista Luis Gallo, miembro informante del proyecto, "la legislación opta por defender el bien público, el de la necesidad de una persona de un órgano para seguir viviendo. Es un acto de extrema solidaridad y generosidad".

"La ley es un instrumento", dijo Gallo a la AFP. "Hay otros aspectos que hay que profundizar, como seguir haciendo grandes campañas para que la gente exprese específicamente su voluntad o perfeccionar el proceso" que permite completar un trasplante exitoso.

Actualmente hay unos 526.000 uruguayos que manifestaron su voluntad anticipada de donar, lo que representa una tasa de donantes efectivos de 16 por millón de habitantes, la más alta de América latina.

En 2010 se realizaron unos 1.000 trasplantes de células y tejidos en el país, pero se estima que unas 900 personas están en lista de espera, la mayoría por trasplante de córnea, según datos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT).

El promedio de espera es de dos años y medio en el caso de los trasplantes de riñón, dijo a la AFP Inés Alvarez, directora del INDT.

Alvarez destacó que el proyecto legislativo aprobado por el Senado "sigue respetando la voluntad del individuo, que puede expresar su negativa" a ser eventual donante.

De todas formas, consideró que "una ley no alcanza, es necesario que la gente debata" el tema.

Legislaciones similares a la aprobada por el Senado uruguayo ya existen en Argentina, México y Singapur.

Brasil aprobó en 1997 una norma habilitando el consentimiento presunto pero ante la protesta pública que generó fue abolida.

También fue adoptada legislación en ese sentido en varios países europeos, incluidos Austria, Bélgica, Francia, Italia, Grecia, Noruega, Suiza, Suecia y España -el país con mayor tasa de donantes, de 32 por millón de habitantes- aunque en la mayoría se requiere también el consentimiento de la familia.