La justicia guatemalteca iniciará el miércoles un proceso a seis militares acusados de la ejecución extrajudicial de 252 campesinos en 1982, en una de las más cruentas masacres cometidas durante la guerra civil (1960 y 1996).

El juzgado de primera instancia penal de la capital revisará en una audiencia la acusación de la Fiscalía y fijará la fecha de inicio del juicio, después de más de 10 años de obstáculos por 42 recursos interpuestos por la defensa de los militares.

El tribunal escuchará los argumentos de ambas partes sobre la masacre de la aldea Las Dos Erres y fijará la fecha de inicio del juicio oral y público que decidirá la suerte de los acusados, de acuerdo al procedimiento penal.

Esta matanza fue una de las más cruentas "barbaries cometidas por el Ejército" durante la guerra civil, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, dijo la directora de la agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, Aura Elena Farfán.

"Esperamos que sea más que llegar a un debate (en el juicio), que se llegue a conocer la verdad de los hechos porque los familiares (de las víctimas) exigen justicia", comentó Farfán, defensora de los derechos humanos desde los años 80, la década más violenta del conflicto.

Farfán relató que en la aldea fueron asesinados 252 hombres, mujeres y niños entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, pero la investigación se inició en 1994 cuando fue descubierto un cementerio clandestino y se inició un proceso de exhumación.

En una fosa de casi 13 metros, un equipo de forenses argentinos localizó "162 osamentas (solo diez han sido identificados), pero las víctimas son más porque otras osamentas no se pudieron articular", lamentó la activista.

Por la matanza están acusados 17 militares del temido escuadrón especial Kaikil, un pelotón contrainsurgente entrenado para aniquilar, pero solo están detenidos seis de ellos, incluido Gilberto Jordan, quien está preso en Estados Unidos.

Jordan, en prisión por mentir a las autoridades migratorias de Estados Unidos, reconoció ante una corte estadounidense que participó en la masacre y que su primera víctima fue un bebé a quien arrojó vivo a la fosa, mientras que otros niños fueron golpeados con piedras o en árboles para luego ser lanzados al agujero.

Entre los testigos claves del juicio figuran dos niños, ahora adultos, que sobrevivieron a la masacre. Uno de ellos fue registrado como hijo propio por uno de los victimarios: el actual subteniente del ejército Carlos Carías, quien después de 20 años de vivir con su familia adoptiva relató su tragedia.

El director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Mario Minera, dijo a la AFP que este "caso es una vergüenza para el Estado guatemalteco porque proponen una solución amistosa, con lo que garantizan la impunidad a los victimarios y bloquean el acceso a la justicia".

"Acá lo importante también es determinar la línea de mando, porque la masacre no fue una operación aislada ni un acto de locura, fue una operación bien planificada desde los altos mandos", encabezados entonces por el dictador militar y actual diputado Efraín Ríos Montt.

Ante los pocos avances, en 2000 se presentó la denuncia contra el Estado guatemalteco ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, que ordenó reabrir el caso y juzgar a los responsables.