La decisión de un fiscal de acusar a un emblemático gobernador opositor por malversación de fondos fue percibida por la oposición como una estrategia del gobierno para minar a adversarios del presidente Evo Morales.

Un fiscal dio a conocer la imputación en contra de Mario Cossío, gobernador de Tarija y uno de los más caracterizados opositores del presidente Morales.

La acusación se sustenta en que en el departamento se usaron fondos públicos para un referendo popular en mayo de 2008 que buscaba aprobar un estatuto de gobierno autónomo, que fue tachado de secesionista e ilegal por el gobierno nacional.

La imputación fiscal puso al gobernador Cossío a un paso de su destitución en el marco de una nueva ley que el oficialismo aprobó en julio pasado -gracias a su mayoría absoluta en el Congreso- y que la oposición la denunció como un instrumento para destituir a autoridades adversas al oficialismo, con procesos sumarios.

Según esa ley, es suficiente que haya una acusación contra un funcionario para que éste sea apartado de su cargo y no una condena, como era antes. De manera que ahora el fiscal que hace la acusación tiene atribución para solicitar la suspensión, cuando antes una destitución sólo corría por fallo de juez, tras un proceso.

Ya en el momento de la aprobación de esa ley la oposición juzgó que ésta serviría para perseguir a funcionarios que no sean del agrado del gobierno.

La acusación contra Cossío bien puede hacerse extensiva a otros dos gobernadores que realizaron los mismos referendos: Rubén Costas (Santa Cruz) y Ernesto Suárez de (Beni), también caracterizados opositores del mandatario.

Por ahora la decisión del fiscal, de acuerdo a la nueva norma, irá en los próximos días a conocimiento de la Asamblea Departamental (Parlamento regional), controlado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), el que debe elegir a un sustituto de Cossío, en tanto dure el proceso penal.

"En realidad esto se trata de una acción más de carácter político, una acción más de judicialización y de persecución a los líderes políticos que no son de la línea del gobierno nacional", señaló Cossío este jueves, en contacto con la prensa.

Acotó que "esta es la tercera vez que se trata de enjuiciarme por el mismo caso, cuando los gastos para el referendo estaban en la Ley Financial aprobada por el Congreso" Nacional.

La ley también ha sido ya utilizada para sacar de sus cargos a los alcaldes de Sucre, Jaime Barrón, y de Potosí, René Joaquino.

Joaquino, que fue destituido el miércoles, fue rival de Morales en la elección presidencial de diciembre, donde quedó tercero.

El ex alcalde dijo a la prensa que su destitución es una "persecución política" del Gobierno nacional, que quiere sacar de carrera a aquellos líderes que "hagan sombra" a Morales.

Para los partidos contrarios a Morales, la nueva norma sólo afecta a los opositores, con la complicidad de fiscales influenciados por el Ministerio de Gobierno (Interior) y no así para oficialistas que cometieron actos de corrupción.

"Tenemos una ley ancha para el MAS (partido de gobierno) y angosta para los demás, no creemos en la justicia", aseguró este jueves la diputada de la derechista Convergencia Nacional, Norma Piérola.

"No deben temer los opositores a la justicia; la justicia no es manejada por el gobierno", retrucó la diputada del MAS, Rebeca Delgado, quien dijo que el gobierno demostró en el pasado que es capaz de encarcelar a oficialistas involucrados en hechos de corrupción.