La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió este martes una alerta con recomendaciones para todos los mexicanos que viajen o residan en el estado norteamericano de Arizona por un "ambiente adverso" causado por una polémica ley migratoria.

"Existe un ambiente político adverso para las comunidades migrantes y para todos los visitantes mexicanos", explicó la SRE en un comunicado.

El organismo aclara que faltan meses para que la ley, promulgada el viernes, entre en vigor pero pide a los mexicanos que se encuentren en Arizona (sur) que porten en todo momento su documentación.

La legislación autoriza a los policías a detener, en base a "dudas razonables", a cualquiera que pueda parecer extranjero indocumentado, aunque no sea sospechoso de ninguna actividad ilegal.

Se estima que en Arizona, con 6,5 millones de habitantes, viven unos 460.000 migrantes indocumentados, la mayoría latinoamericanos.

"Mientras no se hayan definido criterios claros de cuándo, dónde y a quién revisarán las autoridades, se debe asumir que todo ciudadano mexicano podrá ser molestado y cuestionado sin mayor causa en cualquier momento", señaló la SRE.

La titular de la SRE, Patricia Espinosa, dijo el lunes que los mexicanos que viven en Estados Unidos sufren actitudes hostiles, luego de la aprobación de la ley de Arizona.

"No hay riesgo (para la población mexicana en Arizona) pero debemos de actuar con cautela y tener precaución", aclaró el martes el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Julián Ventura, en entrevista con la cadena Televisa.

La legislación, que también criminaliza cualquier vínculo de la población con los indocumentados, también ha recibido críticas de Honduras, Guatemala, la Secretaría General Iberoamericana, la OEA (Organización de Estados Americanos) y del propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El presidente de México, Felipe Calderón, aseguró el lunes que su gobierno utilizará "todos los recursos a su alcance" para defender los derechos de sus ciudadanos en Arizona e instruyó a la cancillería y a sus consulados a reforzar su protección legal.

El subsecretario Ventura avanzó que "se va a generar una gran actividad legal en los próximos meses para controlar la validez de esta legislación", no sólo desde las instituciones mexicanas sino desde organizaciones de derechos civiles estadounidenses.