El registro de las oficinas de organizaciones no gubernamentales (ONG) egipcias y extranjeras ha empañado las promesas de democratización realizadas por el ejército en el poder en Egipto, opinan los expertos.

Las sedes de una decena de ONG, entre ellas varias estadounidenses, fueron registradas el jueves en El Cairo en el marco de una investigación sobre "financiación extranjera ilícita".

El secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, transmitió el viernes su "profunda preocupación" al jefe militar egipcio, el mariscal Hussein Tantaui, por los registros policiales de varias ONG, informó el Pentágono. En una conversación telefónica con Tantaui centrada en la consternación de Washington sobre el tema, Panetta también agradeció al jefe militar su "pronta decisión de detener los registros", indicó el secretario de prensa, George Little, en un comunicado.

Panetta subrayó que es "fundamental para Egipto continuar en el camino hacia la transición democrática" después de dos rondas de elecciones parlamentarias.

El jefe del Pentágono reafirmó también la importancia de los lazos de seguridad de Estados Unidos con Egipto, que recibe más de 1.000 millones de dólares anuales de ayuda de Estados Unidos.

Estados Unidos había anunciado el viernes que Egipto le garantizó que cesaría los registros en las oficinas de las ONG y devolvería el material confiscado, después de que miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas egipcias hablaran con la embajadora estadounidense en El Cairo, Anne Patterson.

Varias voces han denunciado estas pesquisas y el intento del consejo militar, en el poder desde la caída del presidente Hosni Mubarak, en febrero, de amordazar a la oposición y el movimiento de protesta.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó a su vez el viernes estar "muy preocupado" por lo sucedido en Egipto, mientras Francia pidió a las autoridades egipcias que respeten los compromisos del país en la protección de los derechos humanos y la Unión Europea exigió que se deje a la sociedad civil hacer su trabajo hacia la transición democrática.

Rabab al Mahdi, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Americana de El Cairo, estimó que los recientes actos violentos contra manifestantes y el intento de ahogar el movimiento opositor son "índices de una ofensiva declarada contra las voces disidentes". "Las investigaciones contra las oficinas de ONG deben ser analizadas en un contexto más amplio y no pueden quedar aisladas", sostuvo el profesor en unas declaraciones a la AFP.

En las últimas semanas, las autoridades militares han anunciado haber abortado un plan para quemar el Parlamento, mientras los medios oficiales denunciaron un complot para fomentar incidentes el próximo 25 de enero, día del primer aniversario del inicio de la insurrección contra el régimen de Mubarak.

"Atacan todo lo que es extranjero para promover el nacionalismo en el país", añadió Al Mahdi.

"Ha habido una campaña de denigración contra el principio de financiación extranjera y la última iniciativa (el registros de las sedes de las ONG) es un intento de reducir todavía más el espacio de libertad de la sociedad civil", afirmó Heba Morayef, investigadora de la ONG Human Rights Watch basada en El Cairo. "Han atacado en particular las ONG que denuncian de forma más activa los abusos cometidos por los militares y que abogan por verdaderas reformas", declaró Morayef a la AFP.

Al menos tres ONG estadounidenses sufrieron los registros, el Instituto Nacional Democrático (NDI), el Instituto Internacional Republicano (IRI) y Freedom House.

Estos actos "representan una escalada de la represión que nunca se había visto durante la era Mubarak", afirmó en un comunicado David J. Kramer, presidente de la Freedom House. "Se trata de la señal más clara hasta ahora de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (...) no tiene intención de establecer una verdadera democracia e intenta culpar a la sociedad civil de su fracaso evidente en la gestión de la transición", subrayó esta organización.

Las autoridades decidieron lanzar una investigación sobre la financiación de las ONG después de que la embajadora Patterson declarara en julio que Washington había repartido 35 millones de euros entre las ONG en Egipto desde la caída de Mubarak.