¿El Estado colombiano falló en proteger a Ingrid Betancourt o más bien la entonces candidata presidencial fue imprudente? Diez años más tarde, las circunstancias de su secuestro siguen generando polémica en este país en el que decenas de personalidades políticas, militares, policías y simples ciudadanos han sufrido el cautiverio.

El 23 de febrero de 2002, Ingrid Betancourt y su jefa de campaña, Clara Rojas, fueron secuestradas en plena movilización electoral, cerca de Florencia (600 kilómetros al sur de Bogotá), un antiguo fortín de la guerrilla comunista FARC.

Las autoridades les habían insistido en que no tomasen la carretera, debido a los muchos retenes que la guerrilla había levantado en la zona, que hasta tres días antes había estado desmilitarizada para permitir una mesa de negociación entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana.

Ingrid Betancourt, que aspiraba a la presidencia por el partido ecologista Oxígeno Verde, estaba decidida a llegar a un mitin en San Vicente del Caguán (Caquetá, sede de los diálogos), pese a que se le había retirado su escolta, y había pedido en vano que le facilitaran un helicóptero para ese desplazamiento.

Para la ex rehén, el Estado colombiano falló al no garantizar la seguridad de una candidata a la presidencia. "Si no me hubieran quitado los escoltas, no nos hubieran secuestrado", afirmó Betancourt en una entrevista con la revista Bocas con motivo del décimo aniverario del plagio.

En tanto, el gobierno colombiano asegura que intentó disuadirla de realizar ese viaje, e incluso sostiene que ella firmó un documento en el que reconocía que emprendía el recorrido por su propio riesgo. "Fue ella quien decidió seguir", ha dicho el ex comisionado de paz Camilo Gómez, insistiendo en que fue advertida de los peligros "varias veces", al igual que los demás candidatos.

Pero Betancourt rechaza con dureza esa versión: "Que dejen de echar carreta (mentir) que yo firmé un papel ¿Cuál papel? ¿Dónde está ese papel? Más bien ¿por qué me quitaron los escoltas? Nadie lo investigó nunca. Había un retén del Ejército ... ¿Por qué no me paró el retén si era tan peligroso?".

Convencida de las faltas del Estado hacia ella, Betancourt reclamó en julio de 2010 una indemnización por cerca de 8 millones de dólares, pero a los pocos días retiró esa solicitud, ante la ola generalizada de repudio que provocó. "Cuando voy por los derechos que la ley me confiere, soy un monstruo, una criminal, una aprovechada", se lamentó en su reciente entrevista.