El arresto de 63 policías de Rio acusados de traficar armas y drogas decomisadas y de recibir sobornos muestra que el combate a la corrupción policial en Brasil, uno de los países más violentos del mundo, va por buen camino, aunque resta mucho por hacer en el área de seguridad pública.

Los agentes fueron detenidos el martes en el marco de una operación denominada "Purificación", liderada por varios servicios policiales y la fiscalía de Rio, en la que también fueron llevados a la cárcel 11 narcotraficantes que negociaban con los policías.

Según el gobierno de Rio, los policías no se limitaban a recibir sobornos para no reprimir las actividades de la principal facción del narcotráfico local, el Comando Vermelho (CV), sino que "secuestraban a delincuentes y a sus familiares, incautaban vehículos de narcos y exigían dinero para su devolución, negociaban armas, y realizaban operaciones oficiales cuando el pago del soborno se atrasaba".

Algunos de los detenidos, entre ellos integrantes de la Policía Militar (PM), habrían recibido 100.000 dólares para liberar a tres delincuentes, cuando el salario promedio de un policía militar es de alrededor de mil dólares al mes, indicó la investigación, que duró un año.

Acusados de asociación para delinquir, narcotráfico, corrupción activa y pasiva y extorsión con secuestro, los policías fueron llevados a prisión y serán destituidos.

"Se ha dado un gran paso. Desorganizaron la estructura hasta el puesto máximo", dijo a la AFP Alba Zaluar, experta en violencia de la Universidad estatal de Rio de Janeiro (Uerj).

"Hay que ver cómo evoluciona esto. Estos policías serán expulsados y condenados, espero. Hay una posibilidad de tener una policía más fiable. Hasta 2007, un 80% de los jóvenes no confiaban en la policía", agregó.

"Una policía que da vergüenza", tituló el miércoles en portada el diario popular de Rio, O Dia.

"Es una muy buena noticia. La colaboración de los policías es muy importante para la lucha contra la corrupción y debe continuar. Pero se precisa también una intervención más política, instalar en esta región nuevos policías para garantizar que esto no vuelva a suceder", dijo el experto en violencia Ignacio Cano.

El secretario de Seguridad Pública del estado de Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, anunció que todos los policías detenidos serán "expulsados" del cuerpo.

Desde 2008, cuando Beltrame asumió sus funciones, hasta fines de agosto, 1.273 policías -entre ellos 944 policías militares- han sido destituidos.

La PM de Rio cuenta con 45.000 efectivos, según la Secretaría de Seguridad Pública.

En una entrevista con la AFP, Beltrame sostuvo que "es imposible resolver de un día para otro un problema que dura desde hace décadas" y que requiere "un cambio de mentalidad".

"La PM es un fuerza auxiliar de las fuerzas armadas" que bajo la dictadura era exclusivamente represiva, dijo.

"Actualmente, damos primas a policías civiles y militares de los barrios donde disminuye la cifra de homicidios. Les suministramos armas no letales. Antes estos policías recibían una prima denominada 'Far west' para matar a la mayor cantidad de delincuentes posible", afirmó.

En vistas de la Copa del Mundo de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, varias favelas de Rio que estaban en manos de narcotraficantes desde hacía más de tres décadas fueron reconquistadas por el Estado.

Unidades de Policía Pacificadoras (UPP), con más de 7.000 efectivos entrenados para tratar con las comunidades, fueron instaladas en 144 de las cerca de 750 favelas de la ciudad, beneficiando a más de medio millón de personas del total de dos millones que vive en favelas, o sea un tercio de la población de Rio.

La violencia ha disminuido en Rio desde la reconquista de las favelas, y en el primer semestre de 2012 la tasa de homicidios cayó a 10,9 cada 100.000 habitantes, muy inferior a la tasa promedio de Brasil, de 26 homicidios cada 100.000 habitantes, que lo sitúa como el sexto país más violento del mundo, según el estudio Mapa de la Violencia 2012 difundido la semana pasada.

En 2009, la tasa de homicidios en Rio fue de 36,2 cada 100.000 habitantes.

No obstante, "es necesario que el gobierno federal tenga políticas nacionales de seguridad pública. De lo contrario el crimen se desplazará dentro del país", advirtió Beltrame.