El presidente francés, Nicolas Sarkozy, afronta sondeos desfavorables, tensiones sociales y un aluvión de críticas internacionales por medidas como la expulsión de gitanos o su proyecto de reforma de las jubilaciones, en un marco de bajo crecimiento económico.

Según dos sondeos divulgados este miércoles, un 62% de los franceses no desea que Sarkozy vuelva a presentarse en la elección presidencial del 2012, donde de todos modos sería ampliamente derrotado por la socialista Martine Aubry o por el también socialista Dominique Strauss-Kahn, actual director del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para el politólogo Philippe Braud, el "estilo" del mandatario "exaspera extraordinariamente" a sus conciudadanos, mientras que el también experto Stéphane Rozes, subraya "la paradójica" situación de Francia, "que resiste relativamente bien ante la crisis económica", pero cuyo presidente afronta una "crisis moral".

Según Frédéric Dabi, del instituto de sondeos IFOP, la opinión pública considera que el Gobierno impulsa una "política injusta que favorece a los ricos".

En ese contexto, las declaraciones relativas a las causas de la "inseguridad" en Francia parecen haber perjudicado al presidente francés, en lugar de otorgarle mayor popularidad.

Los supuestos vínculos establecidos por el mandatario entre "inseguridad" e "inmigración" suscitaron críticas en Francia, pero también en el exterior, en lugares como la ONU o el Vaticano.

Así, Francia afronta desde la semana pasada una oleada de críticas internacionales por las masivas repatriaciones de gitanos. No obstante, el Gobierno francés confirmó este miércoles que seguirá expulsando a miembros de esa minoría hacia sus países de origen en Europa oriental.

Sarkozy había estimado a finales de julio que los disturbios callejeros consecutivos a la muerte de un joven por disparos de un gendarme mostraban "los problemas que plantea la conducta de algunos gitanos".

Poco después, tras una polémica reunión dedicada a los gitanos en la que participaron altas autoridades francesas, el gobierno afirmó que la mitad de los campamentos ilegales en Francia serían desmantelados en un plazo de tres meses.

Además, casi al mismo tiempo, Sarkozy anunció una "verdadera guerra" contra la "criminalidad" y afirmó que, en Francia, la inmigración "no está regulada lo suficiente desde hace 50 años" y que el modelo de integración francés ha sido un "fracaso".

En medio de las críticas por declaraciones de este tipo, el gobierno francés tendrá que afrontar un día de paros y manifestaciones el próximo 7 de septiembre, día en que se inicia en el Parlamento el examen del controvertido proyecto de reforma de las jubilaciones.

Además, dicha reforma habrá de ser defendida por Eric Woerth, un ministro de Trabajo debilitado tras las acusaciones de conflicto de intereses en el 'caso' de Liliane Bettencourt, dueña de L'Oréal, quien posee una de las principales fortunas de Francia.