La justicia de Ecuador revocó este lunes la orden de prisión que mantenía contra el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusado de asesinato a raíz del bombardeo colombiano contra una base de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.

"Unicamente se ha revocado la orden de prisión preventiva en contra del señor Juan Manuel Santos", dijo el juez Daniel Méndez durante una audiencia en la ciudad de Lago Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos (frontera norte con Colombia).

Méndez tomó la decisión al fallar un pedido de revocatoria de la medida cautelar por parte de una asociación binacional de comerciantes con sede en Sucumbíos, quedando sin sustento el pedido de la Fiscalía al juez para que tramitara la extradición de Santos.

El juez aceptó la solicitud basado en el principio de "equidad jurídica", ya que los otros implicados, el director de la Policía de Colombia, general Oscar Naranjo, y el ex comandante de las Fuerzas Militares de ese país, general Freddy Padilla, no tienen orden de arresto.

Pero el proceso "continúa desarrollándose hasta cuando el señor fiscal (Carlos Jiménez) presente su dictamen acusando o absolviendo a estas personas", explicó el magistrado.

"Hemos logrado el objetivo", celebró a su vez Edmundo Solís, representante de la privada Asociación de Participación Social de Pequeños Comerciantes Minoristas colombo-ecuatoriana del Oriente.

Colombia ha pedido el archivo de la causa dentro del proceso para normalizar las relaciones diplomáticas, rotas por Quito a raíz del ataque del 1 de marzo de 2008, pero el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha insistido en que no puede interferir en la justicia.

En la acción, ordenada por Santos cuando era ministro de Defensa, murieron 25 personas entre ellas el número dos de las FARC, Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.

Los vínculos fueron reactivados a nivel de encargados de negocios en noviembre pasado, quedando pendiente la restitución de embajadores mientras los países tratan la cuestión del proceso penal y algunos reclamos de Ecuador.

Una de esas exigencias quedó resuelta el pasado 7 de agosto cuando Santos, durante su investidura, entregó a Correa copias de la información hallada en computadoras incautadas a Reyes tras el bombardeo.

Quito reclama, además, información sobre el ataque bajo sospechas de que en el mismo participó Estados Unidos.

Esas llamadas "consideraciones sensibles" serán tratadas por una comisión binacional a mediados de octubre en Quito, anunciaron el pasado jueves los cancilleres de Colombia, María Angela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, durante una reunión en la frontera.

Patiño reiteró este lunes que aunque su gobierno no puede intervenir en los asuntos judiciales, Ecuador reconoce "absoluta inmunidad" a los jefes de Estado, por lo que Santos puede visitar el país cuando quiera.

Mientras, Correa destacó el pasado viernes el "compromiso" de Santos para mejorar la vigilancia en la zona limítrofe, a diferencia de su antecesor Alvaro Uribe, quien "decía que iba a hacer y nunca lo hizo".

En abril último, Méndez anuló el juicio contra Santos, Padilla, Naranjo y el comandante del Ejército en la época de la incursión, general Mario Montoya, porque los acusados no habían sido notificados de la instrucción fiscal, lo que vulneró su derecho a la defensa.

Pero a fines de ese mes la instrucción fue reabierta para Santos y luego para Padilla y Naranjo.