El Congreso hondureño aprobó este viernes crear una unidad independiente que vigile a los policías, en medio de un escándalo que incluye ejecuciones de jóvenes y la detención de 176 uniformados acusados de vínculos con el crimen organizado.

En una extensa sesión que comenzó la noche del jueves, los 128 diputados de los cinco partidos de la Cámara Legislativa aprobaron en la madrugada de este viernes crear la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.

Esta unidad "como un ente desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, (estará) encargada de investigar los delitos y faltas cometidas por los miembros de la carrera policial y vigilar en forma permanente la conducta de los policías", señala el texto.

La reforma fue aprobada ante el estupor que causó en Honduras el descubrimiento el miércoles de que policías del distrito del sur de la capital, bajo cuya jurisdicción están siete sedes policiales de barrios y colonias, formaban parte de bandas del crimen organizado.

El portavoz del ministerio de Seguridad, Silvio Inestroza, confirmó a la AFP que 176 policías fueron detenidos sospechosos de integrar bandas dedicadas al secuestro, robo de carros, sicariato, venta de drogas al menudeo, extorsión y otros delitos propios del crimen organizado.

"Esto no es nada nuevo, esto yo lo he venido denunciando desde que fui jefe de la unidad de Asuntos Internos en el año 2002 cuando precisamente investigamos a cuatro oficiales de Policía por asesinato", declaró este viernes al diario hondureño La Tribuna, María Luisa Borjas, comisionada en retiro de la Policía Nacional.

En aquella ocasión, a comienzos del gobierno del presidente Ricardo Maduro (2002-2006) "hubo una colusión del poder judicial con el Ministerio de Seguridad y estos oficiales fueron absueltos", recordó Borjas.

"En cambio yo, en primer lugar, fui destituida de la unidad y posteriormente separada de la Policía Nacional, todo por oponerme a una política de Estado que es mal llamada 'limpieza social'", agregó la ex funcionaria para quien "da más miedo encontrar a cinco policías que a cinco mareros (pandilleros)".

Esa unidad del distrito sur, donde fueron detenidos los 176 policías, había quedado bajo la lupa luego del asesinato el 22 de octubre de dos jóvenes, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos.

Por el crimen, son sospechosos 8 policías del distrito sur, quienes habían sido detenidos la semana pasada, pero menos de 48 horas después cuatro recibieron permiso de salida para el fin de semana y nunca regresaron.

La rectora Castellanos, fundadora en 2004 del Observatorio contra la Violencia, llevó a cabo investigaciones sobre la muerte de su hijo y del otro estudiante y descubrió la supuesta participación policial.

De acuerdo con sus conclusiones, oficiales de una patrulla dispararon la madrugada del 22 de octubre contra el vehículo en que viajaban su hijo, Rafael Vargas, y Carlos Pineda.

El cuerpo de Vargas fue abandonado por los policías a la orilla de una carretera al sur de la capital, donde también asesinaron a Pineda de un disparo en el rostro.

La rectora dijo que obtuvo videos de cámaras instaladas en establecimientos comerciales ubicados en la ruta que recorrió el vehículo de los estudiantes y el de la Policía.

Con equipo especializado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, obtuvo pruebas de balística y de ADN que apuntan a los presuntos responsables.