El Congreso de Honduras aprobó la noche del miércoles un decreto que prohíbe la portación de armas en la zona del valle del Aguán (noreste), escenario de un conflicto entre campesinos y terratenientes que ha dejado 78 muertos en tres años.

En un comunicado, el Parlamento anunció que dispuso "la suspensión o la cancelación inmediata de los permisos de portación de armas, en las zonas de mayor conflictividad social, principalmente en el departamento de Colón", donde está el Aguán.

"Se prohíbe en el departamento de Colón la portación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier arma de fuego, aunque esté registrada", especificó el decreto, enviado al Congreso por iniciativa del presidente Porfirio Lobo.

En cumplimiento de la orden, agregó, la Policía o las Fuerzas Armadas "procederán al decomiso del arma de fuego y del permiso", mientras esté vigente el decreto, el cual deberá ser refrendado por Lobo y nuevamente pasar al Congreso para que quede en firme.

De la medida "se exceptúan" las "empresas mercantiles que para el funcionamiento de su actividad requieran el servicio de seguridad privada, la cual debe limitarse únicamente a los predios" donde opera o "a la parte exterior de los mismos".

El diputado Rodolfo Zelaya explicó a AFP que eso se refiere a "bancos y otras empresas particulares que tienen sus armas", y señaló, sin mayor precisión, que en el caso de los guardias de los terratenientes "tendrán que hacer un registro balístico".

 Descartando una declaración de "estado de sitio" en la zona y optando por un "desarme", Lobo envió el martes el decreto al Congreso tras reunirse con su consejo de seguridad, en un intento por parar la violencia en el Aguán.

Hace tres años comenzaron en el Aguán, fértil región cercana al Caribe, los choques armados entre campesinos y los guardias privados de los latifundistas Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, quienes disponen de unas 20.000 hectáreas en las que se dedican al cultivo de palma africana.

Los enfrentamientos han dejado desde entonces 63 campesinos y 15 guardias y empleados de los latifundistas muertos, según recuentos ofrecidos por ambas partes.

Vitalino Álvarez, portavoz del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), expresó su temor a quedar indefensos pues dijo estar convencido de que "sólo a los campesinos" les quitarán las armas, según él, escopetas y revólveres que utilizan para su seguridad y defensa.

"Nos van a desarmar a nosotros, pero los guardias de los terratenientes van a seguir armados, de eso no hay ni dudas", afirmó Álvarez.

El portavoz de la empresa Dinant (propiedad de Facussé), Roger Pineda, urgió a las autoridades a tomar cartas en el asunto: "No podemos ver cuál es el mejor camino para la solución del problema, pero cualquier cosa que se haga debe hacerse lo más rápido posible", dijo Alvarez a la AFP.

El conflicto tiene un trasfondo político, social y económico de larga data, pues los latifundistas cambiaron cultivos de granos básicos por el monocultivo de palma africana, cuyo aceite -de alta demanda en la industria mundial de alimentos y cosméticos-, dejó al país 200 millones de dólares en 2011 como cuarto producto de exportación.

Los campesinos reclaman que el Estado le entregue esas tierras para seguir con los cultivos de palma -de fuerte impacto ambiental-, más rentable que los granos básicos.

Bajo el gobierno izquierdista de Manuel Zelaya habían conseguido garantías de obtener parcelas ociosas de los latifundios, pero el golpe de Estado de junio de 2009 dio marcha atrás a lo logrado, y comenzaron a ocupar tierras. Hoy unas 7.300 familias ya han tomado 7.100 hectáreas, según el MUCA.

Lobo asegura que la crisis en el Aguán, afectado también por el narcotráfico, es un problema "de seguridad nacional", en un país que, según la ONU, es el más violento del mundo con 82 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010.

El conflicto del Aguán deriva de un reclamo generalizado de tierras. Cientos de militares y policías desalojaron el miércoles a 1.200 campesinos que ocupaban una finca azucarera en San Manuel, en el norteño departamento de Cortés, según dirigentes del movimiento.