El jurista español Carlos Castresana culminó su labor de dos años y medio al frente de una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala con avances al esclarecer crímenes emblemáticos, pero con un sabor amargo por no lograr un compromiso total para erradicar el flagelo.

"Muchas gracias, hasta pronto. Me llevo a Guatemala en el corazón y desde donde esté seguiré ayudando cuanto pueda a este país que resulta entrañable y que merece seguirlo ayudando", afirmó el jurista el miércoles al ofrecer su última conferencia pública.

Castresana, que estuvo a cargo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) desde setiembre de 2007, comentó que deja la entidad con la seguridad de haber incorporado "importantes herramientas para el funcionamiento del Estado de Derecho" y combatir la impunidad que alcanza el 98% de los crímenes.

Entre sus éxitos está la condena a 820 años de prisión contra un hombre acusado de participar en la masacre de 15 nicaragüenses y un holandés en 2008, dictada el 7 de junio.

No obstante, su mayor éxito se consumó el 15 de julio cuando un tribunal condenó a penas de entre ocho y 48 años de prisión a los nueve acusados por el crimen de un abogado que había inculpado en un video al presidente Álvaro Colom de su segura muerte, lo que desató una crisis política en el país.

La investigación de la Cicig, basada en pruebas científicas, fue determinante para que el Tribunal inculpara a los asesinos del abogado Rodrigo Rosenberg, perpetrado el 10 de mayo de 2009.

Pese a los logros judiciales y varias reformas legales para combatir al crimen organizado, Castresana reconoció que dejaba la Cicig "con la tarea incompleta", por lo que instó a los tres poderes del Estado, así como a la sociedad y comunidad internacional seguir apoyando a la Comisión.

"Nos vamos con la tarea incompleta, pero hay un equipo y un nuevo comisionado (el ex fiscal general costarricense Francisco Dell'Anese) que garantiza que la tarea se va a continuar hasta completarse dentro de los límites de nuestras posibilidades", consideró.

"Yo termino mi tarea como comisionado, pero tenemos excelentes profesionales que pueden ser la garantía para Guatemala de que esa tarea pueda tener continuidad, siempre con la salvedad de reiterar el compromiso del Estado para que la misión de esta comisión sea exitosa", insistió.

"Hay necesidad de que los poderes del Estado se involucren en hacer todo aquello que necesita Guatemala (...), y también la necesidad, recomendación y petición a toda la sociedad a que apoyen a estos policías, fiscales y jueces (de la Cicig), que son una realidad y que están cambiando el estado de derecho en Guatemala", puntualizó Castresana.

La Cicig es una instancia sin precedentes en la ONU que fue creada en diciembre de 2006 para sanear el corrupto sistema judicial guatemalteco y desmantelar los aparatos clandestinos que operan dentro del Estado.

Su mandato concluye en setiembre de 2011, aunque puede ser prorrogado por otros dos años de mutuo acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco.