El gobierno uruguayo reconoció el miércoles las malas condiciones del sistema penitenciario, aunque negó su responsabilidad en la muerte de 12 reclusos en el incendio de una cárcel, en la primera interpelación que sufrió el gobierno de José Mujica.

El diputado del Partido Nacional (centroderecha, oposición) José Carlos Cardoso interpeló en la tarde del miércoles al ministro del Interior Eduardo Bonomi a raíz del incendio del 8 de julio en la cárcel de Rocha (210 km al este de Montevideo), que consumió un bloque que albergaba a 20 presos, de los cuales 12 murieron y ocho sufrieron quemaduras graves.

"Las condiciones eran previstas y anunciadas en la cárcel de Rocha, y eran lamentablemente evitables", aseguró Cardoso durante la sesión.

Por su parte, Bonomi -quien admitió que la situación carcelaria es "desastrosa"- aseguró que si se quieren buscar responsabilidades en la tragedia se debe revisar lo que se hizo "y lo que no" en los gobiernos anteriores al Frente Amplio, en el gobierno desde 2005.

"Quiero saber quién no hizo cosas", dijo, leyendo informes sobre situaciones irregulares en las cárceles antes de ese año.

La sesión discurrió con calma y terminó sin que se pidiera "la cabeza" del ministro, como se había anunciado. El único momento de tensión fue cuando Bonomi fue objeto de gritos desde la barras de la Cámara de Diputados por familiares de los fallecidos en Rocha, que lo acusaron de dejar morir a los reclusos.

Casi al final de la sesión, el propio presidente Mujica concurrió al Parlamento en respaldo de su ministro.

Esta semana la Mesa Política del gobernante Frente Amplio respaldó a Bonomi, quien tenía previsto presentarse a la interpelación con un paquete de medidas ya adoptadas para mejorar la situación carcelaria, incluido un convenio firmado el martes para ampliar en 3.000 plazas el sistema, con el objetivo de superar el hacinamiento y aplicar políticas de rehabilitación.

Según datos del Ministerio del Interior, hasta mayo de este año había 8.863 reclusos en todo el país, casi cuatro veces más que los 2.244 presos de 1989 y el doble que en 2000, cuando ascendían a 4.369. Sin embargo, las prisiones tienen capacidad para poco más de 6.000 personas.

Cinco días después del incendio, el Congreso uruguayo aprobó con apoyo de todos los partidos políticos una ley de emergencia carcelaria que prevé la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la creación de 1.500 puestos de trabajo como guardiacárceles.