La Haya (ANP- RNW) - El Estado holandés falla en la manera de combatir la violencia sexual contra los niños y ello ocurre porque el Estado considera la pornografía infantil como un crimen cibernético. Sólo se podrá luchar contra la pornografía infantil cuando este tema forme parte de un todo destinado a proteger a los niños de la violencia sexual. A esta conclusión llegó la Relatora Nacional de Trata de Personas (NRM), Corinne Dettmeijer-Vermeulen, en un informe que fue presentado este miércoles.

El combate a la pornografía infantil es una cuestión que compete fundamentalmente al ministerio de Justicia. Sin embargo, el ministerio de Salud Pública, Bienestar Social y Deportes (VWS) también debería desempeñar un importante papel, opina el informe. Esta última cartera no ve para sí protagonismo en este tema. Sin embargo, eso es un error. Además de la pesquisa y procesamiento de los autores también es importante la prevención, el descubrimiento de indicios y la asistencia a las víctimas; estos últimos aspectos son competencia del Ministerio de Salud Pública.

En Internet se puede encontrar abusos sexuales contra niños: hay pornografía infantil, los proxenetas o loverboys reclutan a jovencitas y los pederastas se acercan a los menores con intenciones sexuales. Sólo la aplicación de medios represivos no es suficiente para proteger a los niños contra la violencia sexual, asegura la Relatora. En el combate no se tiene todavía en cuenta la perspectiva digital y el niño debe ocupar el lugar central.

El Estado no puede luchar en solitario contra ese problema, necesita la cooperación de entidades privadas y de organizaciones no gubernamentales.

La Policía y la Justicia se ocupan sobre todo de combatir la elaboración, divulgación y exhibición de pornografía infantil. Sin embargo, a causa de la gran cantidad de casos hay poco espacio para la atención a las víctimas.

La mayor parte de la causas que van a juicio son por posesión de pornografía infantil y no tanto por la elaboración del material. Los servicios de búsqueda deberían establecer otras prioridades.

Asimismo debería analizarse si todas las causas por posesión de pornografía infantil, deben comparecer siempre ante el juez o pueden ser sometidas a otras alternativas de castigo. La Relatora también aboga por una forma de encarar los casos de los abusadores convictos que constituyen un alto riesgo para la sociedad.