El exdictador peruano Francisco Morales Bermúdez dijo este viernes que afrontará en Lima un caso abierto en su contra en Argentina por la deportación de 13 peruanos a ese país en 1978 como parte del Plan Cóndor, de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.

"Yo me someto totalmente a la justicia peruana. Estas cosas no tienen por qué juzgarse en países extranjeros", declaró a la radio limeña RPP Morales Bermúdez, cabeza del régimen militar que gobernó Perú entre 1975 y 1980.

El juez argentino Norberto Oyarbide pidió la captura internacional con fines de extradición de Morales Bermúdez, acusado de la privación ilegal de la libertad y tormentos a 13 peruanos detenidos en Lima, trasladados a Argentina y alojados en un centro de detención antes de ser deportados.

"No tengo nada que ocultar, ningún secreto, nunca estuve en el Plan Cóndor", aseguró.

Por ello, anotó que el jueves dirigió sendas cartas a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía de la Nación para que abran una investigación "en Perú" sobre las acusaciones en su contra.

Morales Bermúdez afirmó no entender las razones por las que se le ha abierto un proceso en Buenos Aires y comentó que "pareciera una diatriba política, una persecución política".

El exdictador negó que los 13 peruanos hubieran sido objeto de maltratos en Argentina e indicó que las versiones en ese sentido de uno de los deportados, Ricardo Napurí, son "historietas" y "detalles folclóricos".

Señaló además que, años después de ese episodio, "a varios de ellos les he pedido disculpas". "No tengo ningún temor de pedirle disculpas al señor Napurí", añadió. El proceso en Argentina se inició a raíz de una denuncia de Napurí.

No obstante, Morales Bermúdez justificó la decisión de su régimen de expulsarlos con el argumento de que "eran gente que obstaculizaba la meta principal del gobierno militar" que presidió, "que era reinstaurar la democracia en Perú" en 1980.

Y reiteró que la expulsión no formó parte del Plan Cóndor, que coordinaba la represión entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, en las décadas de 1970 y 1980.

La Justicia italiana también había pedido en 2007 la detención y extradición de Morales Bermúdez por la desaparición de 25 italianos en el marco de dicho Plan.

Perú y Argentina mantienen vigente un tratado que permite la extradición de sus ciudadanos.