El gobierno del presidente Evo Morales y líderes de la sureña Potosí forcejeaban sobre cómo y dónde dialogar para zanjar un conflicto social que mantiene a esa región de Bolivia incomunicada desde hace 15 días, mientras su dirigencia amenaza con radicalizar la protesta.

Los dirigentes cívicos de Potosí resolvieron la noche del miércoles que el presidente Morales era el único interlocutor válido para atender sus demandas y rechazaron dialogar con los ministros, al considerar que ellos carecen de capacidad de negociación.

Los dirigentes de Potosí adelantaron que si el presidente no aceptaba el diálogo, que debe realizarse en la vecina Sucre, entonces procederán a tomar por la fuerza la mina San Cristóbal, una subsidiaria del grupo japonés Sumitomo, e iniciarán una marcha de protesta hasta La Paz.

El secretario general de Comité Cívico de Potosí, Luis Villafuerte, dijo que si el gobierno no atiende sus demandas "se tendría que hacer la toma física de la empresa minera San Cristóbal, pedir que le quiten el suministro eléctrico para que se paralice totalmente y, en último caso, se preparará la marcha del pueblo potosino hacia La Paz".

Hasta ese momento, Potosí exigía dialogar en su patio, donde un corte de rutas ha puesto en situación difícil a la población por el aislamiento obligado, la carestía de alimentos y la distribución casi nula del vital gas licuado de petróleo en bombonas.

Igualmente ha puesto en aprietos a decenas de turistas, un puñado de los cuales permanecen en la ciudad sin poder salir, mientras que los demás salieron en azarosas circunstancias.

El gobierno, entretanto, abrió dos vías de diálogo: se puede hablar con el presidente si este diálogo es en La Paz y si se suspenden todas las medidas de presión. O se puede conversar en Sucre aunque, en este caso, sólo con los ministros.

El vocero del gobierno Iván Canelas dijo que "los ministros van a estar en la ciudad de Sucre".

Al ser consultado si el presidente Morales estaría en Sucre, como exige la región en huelga, Canelas se limitó a responder: "el presidente los espera en La Paz".

Con ese escenario político, donde sólo se evidencia una pulseada entre Potosí y el gobierno de Morales, la empresa minera San Cristóbal aparecía como rehén del conflicto, ante las amenazas de cortarle el fluido eléctrico y de tomar por la fuerza sus instalaciones.

San Cristóbal, que explota el más grande yacimiento de zinc y plata de la región para mercados internacionales -por el que factura unos 2 millones de dólares por día- paralizó su producción ante la eventualidad de sufrir algún perjuicio por una interrupción abrupta de electricidad o de un toma violenta.

La mina está ubicada al sur del Salar de Uyuni. Este jueves, su directiva señaló en un comunicado que San Cristóbal genera 1.200 empleos directos y 3.000 indirectos y cuestionó que se la involucre en "demandas que salen de su competencia".

Potosí, región andina en el suroeste de Bolivia, plantea al Poder Ejecutivo que solucione un problema limítrofe con el departamento vecino de Oruro, donde hay un rico yacimiento de piedra caliza, y que se construya una fábrica de cemento, además de un aeropuerto.

La ciudad de Potosí, capital de la región homónima de unos 160.000 habitantes, sufre un duro racionamiento de alimentos y de gas licuado de petróleo en bombonas, por el bloqueo de caminos.

Morales ha tenido problemas políticos con los departamentos de la amazonía y los llanos al este del país, dominados por la derecha, pero es la primera vez que tiene un enfrentamiento de esa naturaleza con una región aliada.

Casi 80% de los potosinos votaron por Morales en diciembre pasado.