La economía griega, sumergida en una recesión económica por quinto año consecutivo, sufre para salir a flote dos años después de recibir del primero de los dos planes de rescate internacional, cuyo rigor obstaculiza por ahora cualquier esperanza de recuperación del país.

Con una recesión del 14% del PIB acumulada desde 2008, el país paga un alto precio por la austeridad puesta en práctica en el programa de ajuste económico exigido por sus acreedores desde 2010, cuando Grecia tuvo que pedir ayuda financiera a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este plan exige una reducción drástica del gasto público y del presupuesto de inversiones y señala directamente los males endémicos del país como son la corrupción o el despilfarro del dinero público, a cambio de préstamos por un valor total de 240.000 millones de euros.

La recesión, que hizo subir el desempleo hasta el 21% de la población activa, será del 5% del PIB este año. Es decir, la asfixia económica griega será la más importante de Europa del sur, donde Portugal, España e Italia también registrarán resultados negativos.

"La austeridad trae consigo una contradicción: hay que restablecer la competitividad, problema principal de Grecia, pero la austeridad que el nuevo gobierno deberá aplicar, con nuevas reducciones de los salarios en junio, conduce a un callejón sin salida", opinó Theodoros Pelagidis, profesor de Macroeconomía en la Universidad de París.

Este martes, unas 18.000 personas, sobre todo comunistas, participaron en las manifestaciones en Atenas y otras ciudades de Grecia con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajador.

Según la policía, más de 8.000 militantes del Frente de Lucha de los Trabajadores (Pame), cercano al partido comunista, se manifestaron en Aspropyrgos, a 35 km de Atenas, donde está situada la fábrica de siderurgia del grupo Hellenic Halyvurgia, cuyos empleados están huelga desde hace meses por los recortes salariales.

El nuevo gobierno griego que se elegirá el domingo no tendrá derecho a periodo de gracia: los acreedores advirtieron de que la condición sine qua non para que el país reciba las transferencias del segundo préstamo, acordado en marzo, será realizar ajustes suplementarios por un total de 11.500 millones de euros en 2013 y 2014.

"Estos nuevos recortes serán la prueba crucial del nuevo gobierno", subraya Panayotis Petrakis, profesor de Economía financiera en la universidad de Atenas.

Los conservadores, favoritos en estas elecciones, "verán cómo su popularidad de hunde tras las medidas de junio" y el riesgo de una "inestabilidad gubernamental" es alto, según Pelagidis.

Pero los dos principales partidos descartaron durante su campaña electoral nuevos recortes salariales y tanto el conservador Antonis Samaras como el socialista Evangelos Venizelos garantizaron que se están estudiando "otras soluciones" para lograr reducir el gasto público.

Por su parte, el gobierno y sus acreedores garantizan que los recortes presupuestarios, que lograron una reducción de 6,5 puntos porcentuales en el déficit público desde 2009, llevarán al país a la recuperación económica a finales de 2013, un objetivo inicialmente previsto en 2011.

El precedente gobierno socialista y la reciente coalición derecha-izquierda, aceptaron desde 2010 los recortes salariales de 23% y la reducción del 10% en las jubilaciones, lo que derivó en una pérdida del poder adquisitivo y un golpe a la actividad del sector servicios.

Para Pelagidis, "una de las prioridades del nuevo gobierno será la recapitalización de los bancos, obligados a vender activos o a cerrar agencias" para remediar pérdidas de cerca de 28.000 millones de euros en 2011, después de la reestructuración reciente de la deuda soberana griega.

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) realizó una primera transferencia de 25.000 millones de euros destinados a su recapitalización, que debe ser hecha de aquí a septiembre.

En 2012, la deuda griega seguirá siendo de 145,5% del PIB, la mayor de la UE. En 2020, se prevé que el volumen de deuda sea de 120,5% del PIB.