El Gobierno español aprobó este viernes una reforma del sector bancario para sanear sus activos inmobiliarios problemáticos y una ayuda a las regiones para permitirles pagar a sus proveedores, abordando dos puntos débiles de la economía del país.

Tanto los bancos, así como las 17 Comunidades Autónomas españolas, se encuentran en una situación financiera delicada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Los primeros tienen en su haber 176.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos -créditos que pueden no ser reembolsados, edificios y terrenos confiscados- y las segundas, que no frenaron el gasto a tiempo con la crisis, cargan con una deuda récord.

La reforma, avanzada el jueves, exige a los bancos que realicen en el período de un año provisiones y una reserva de capital de 50.000 millones de euros para hacer frente a la posible pérdida de valor de su patrimonio inmobiliario.

"Las dudas que existían sobre la valoración de los activos inmobiliarios llevaban incertidumbres para la financiación de los bancos en los mercados mayoristas" que provocan a su vez "una contracción del crédito", explicó a la prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos, al término del consejo de ministros.

El objetivo es "que se generen integraciones para hacer entidades viables" y "que el saneamiento sea rápido y profundo", había afirmado el jueves, para lograr "un sector más saneado y mejor dimensionado".

El Gobierno español también aprobó el viernes una línea de crédito de 10.000 millones de euros -ampliable hasta 15.000 millones- para las autonomías.

Fuertemente endeudados, los Gobiernos autonómicos enfrentan crecientes dificultades para pagar a sus proveedores. Así la Federación de Farmacéuticos españoles informó el jueves de que las regiones les debían 1.966 millones de euros a finales de 2011.

A cambio de esta ayuda puntual, Madrid quiere controlar más de cerca las finanzas regionales. Su proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, aprobado la semana pasada, introduce techos de gasto y la obligación para todas las regiones de disminuir su déficit, con el objetivo de reducirlo a cero en 2020.