Al menos dos manifestantes resultaron muertos el lunes cuando un grupo de estudiantes de secundaria se enfrentó con unos policías que intentaban desalojarlos de la autopista que va de la capital mexicana al puerto de Acapulco (sur), constató un corresponsal de la AFP en el lugar.

El procurador (fiscal) del estado de Guerrero (sur), Alberto López, identificó a los fallecidos como Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Agregó que hubo dos heridos y alrededor de 25 detenidos.

Los cuerpos sin vida de los dos jóvenes quedaron tendidos en la carretera tras una refriega que se prolongó durante media hora cerca a Chilpancingo, capital estatal, a 270 kilómetros al sur de la capital mexicana.

Un corresponsal de la AFP que acudió a la zona señaló que pudo observar que los policías dispararon contra los manifestantes después de que algunos les lanzaran bombas incendiarias, aunque López aseguró que los agentes no iban armados.

"No fue una acción de desalojo. Había la necesidad de estar en el lugar y categóricamente puedo decir que nuestros elementos fueron desarmados", dijo López, para explicar que otros oficiales armados llegaron posteriormente.

La protesta estudiantil era para reclamar un aumento de plazas disponibles para estudiar en la escuela rural de Ayotzinapa, en Guerrero.

López puso en duda el motivo de la protesta. "Fue una movilización extraordinaria, en un día inhábil -el lunes era festivo religioso en México- y se decomisan artefactos como ocho granadas, lo que no es usual en una manifestación estudiantil". Las granadas, así como un rifle AK 47, fueron localizados por información aportada por un detenido identificado como Gerardo Santiago Peña, de 19 años de edad.

Los policías llegaron al lugar hacia el mediodía (18H00 GMT) para desalojar a unos 600 estudiantes que mantenían bloqueado el tránsito por la carretera que conduce del centro de México a Acapulco, el popular balneario turístico en la costa del Pacífico.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aseguró que el incidente fue provocado "por el uso desproporcionado de la fuerza pública, en particular por los disparos que habrían sido generados por autoridades federales".

La Policía Federal negó su participación y aclaró que sus elementos llegaron al sitio después de ocurridas las muertes.

Grupos defensores de los derechos humanos en Guerrero fueron más allá y exigieron "la destitución del secretario de Seguridad, Ramón Almonte Borja, con lo cual se pueda garantizar una investigación exhaustiva y efectiva".

El estado de Guerrero ha sido escenario este año de numerosas protestas de educadores y estudiantes. En octubre, los maestros de Acapulco firmaron un acuerdo para iniciar clas lases en todas las escuelas tras dos meses de huelga para reclamar seguridad para los educadores por las amenazas de una banda del narcotráfico.