Un grupo de la disidencia sandinista celebró este sábado -de forma anticipada- los 31 años de la Revolución Sandinista de 1979 que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, enfrentada a sus antiguos compañeros de lucha, en particular el presidente Daniel Ortega.

Destacados ex guerrilleros que fueron partícipes de esa gesta popular, 31 años después están en la acera de enfrente o alejados de la política, desencantados con el estilo de dirección del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda), en el gobierno y acusan a Ortega de autoritario y de adueñarse de la gesta popular con fines electorales.

El Movimiento por el Rescate al Sandinismo, cuya principal líder es la diputada y ex guerrillera Mónica Baltodano, recordó la gesta histórica con un modesto acto cultural en la vecina ciudad de Masaya, 30 km al sureste de la capital.

Baltodano aclaró que el acto no tenía propósito de competir con el festejo multitudinario organizado desde el gobierno en La Plaza de la Fe, el próximo lunes, sino el de dejar en claro que la celebración del triunfo sobre la dictadura de hace 31 años "no tiene dueño".

Esta agrupación surgió de una segunda oleada de militantes sandinistas que abandonaron el FSLN en el año 2000 tras un acuerdo de éste con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC- derecha) del ex presidente Arnoldo Alemán 1997-2002 en que ambos se repartieron cuotas de poder.

El Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), la otra fracción de la disidencia, optó por no realizar festejos y descalificó el uso de la celebración de parte del Gobierno para promover la candidatura del presidente Daniel Ortega, que aspira a ser reelecto en 2011.

La ex guerrillera Dora Téllez, auguró que "no me cabe duda que el orteguismo (seguidores de Ortega) va a perder las elecciones y que Ortega ni siquiera va a ser candidato porque esta prohibido por la Constitución".

Magistrados sandinistas del poder judicial decidieron por el contrario en octubre que la enmienda no es aplicable a Ortega, lo que es rechazado por la oposición que ha apelado contra la resolución, considerándola inconstitucional.