Los resultados de la ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia, son cuestionados por defensores de derechos humanos y funcionarios gubernamentales, que los consideran "pobres" o "limitados" a casi cinco años de su promulgación.

La ley, que otorga beneficios procesales a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes y se comprometan a reparar a sus víctimas, ha permitido conocer hasta ahora sobre unos 30.000 asesinatos a lo largo de 20 años.

Sin embargo, para Clara López, activista de los derechos humanos y actual candidata a la vicepresidencia por el izquierdista Polo Democrático, "el efecto de la ley ha sido paupérrimo".

"No se cumplieron los pronósticos sobre las confesiones (de crímenes). Y es vergonzoso que se hayan realizado extradiciones sin garantías suficientes para la rendición de declaraciones", dijo esta dirigente a la AFP.

López aludió así a la extradición hace exactamente dos años de 14 de los más importantes jefes paramilitares a Estados Unidos, donde están sindicados por delitos de narcotráfico pero no enfrentan acusaciones por violaciones a los derechos humanos.

Desde su extradición, sólo seis de esos ex jefes paramilitares han rendido declaración a la justicia colombiana, a través de videoconferencias.

Otra crítica que enfrenta la ley de Justicia y Paz se refiere a la lentitud en el proceso de reparación a las víctimas por parte de los paramilitares.

"Hasta ahora no ha salido una sola sentencia de reparación judicial, por eso el Estado ha decidido concederlas por la vía administrativa", explicó Diego Molano, director de la agencia gubernamental Acción Social, al anunciar hace dos semanas que cerca de 300.000 personas han solicitado esas indemnizaciones.

El alto comisionado para la paz, Frank Pearl, reconoció que la legislación tiene "limitaciones", pero consideró que la decisión de conceder reparaciones administrativas ha sido una "buena iniciativa, porque aunque falle la justicia, de todos modos la víctima tiene posibilidad de ser reparada".

"La ley tiene dificultades, una de ellas es la reparación", dijo Pearl a la AFP, destacando sin embargo que Colombia "es el primer país del mundo que repara con su presupuesto a personas que no han sido objeto de crímenes de Estado".

Pero además, el gobierno del presidente Alvaro Uribe ha pedido al Congreso aprobar una prórroga en el alcance de la ley, de manera que puedan beneficiarse de ella miles de paramilitares que no se acogieron en su momento, además de unos 400 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desmovilizados en los últimos años.

La ley de Justicia y Paz -promulgada en julio de 2005 para los delitos cometidos antes de esa fecha- abarca sólo a unas 3.600 personas sobre un total de 32.000 desmovilizados, según la independiente Comisión Colombiana de Juristas, especialmente los que eran jefes de los grupos paramilitares.

"Esta ley es vista como una norma que da beneficios a los victimarios, y es verdad, pero también da reparación a las víctimas. Es un asunto de reconciliación", defendió Pearl.