Los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados en la última dictadura en Argentina (1976-83) no tienen marcha atrás porque forman parte del consenso básico de la sociedad, afirmó este miércoles el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

"Los juicios de lesa humanidad son de toda la sociedad y no hay marcha atrás, no dependen de una coyuntura, están dentro del consenso básico de la sociedad", dijo Lorenzetti en el Palacio de Tribunales, en una presentación sobre la marcha de las causas judiciales contra represores de la dictadura.

El juez señaló que hay "más de 100 causas en trámite en todo el país" contra represores, incluido el ex dictador Jorge Videla, y consideró que "en el mundo no hay otra experiencia" de un amplio juzgamiento por violaciones a los derechos humanos.

Los procesos no se originaron por la "decisión de alguien sentado detrás de un escritorio; fue un proceso social que tuvo reflejo institucional", dijo el juez en el acto al que asistieron su colega español, Baltasar Garzón, el Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel y dirigentes humanitarios.

Garzón, suspendido en su función por impulsar en España un juicio contra el franquismo, presenció el martes una sesión del juicio contra Videla en la ciudad de Córdoba (centro), y este miércoles asistía a un acto para apoyar la postulación de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz.

Entre numerosas causas en casi todo el país, los tribunales llevan adelante dos llamados 'mega juicios' por torturas y desapariciones, uno por el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada, emblemático centro de exterminio de la dictadura, y otro por el Primer Cuerpo del Ejército, la mayor unidad de batalla de Argentina.

"La investigación de los delitos de lesa humanidad es una política de Estado y no hay marcha atrás. Las leyes de amnistía fueron declaradas inconstitucionales", dijo luego Lorenzetti ante una consulta de la prensa sobre una cuestionada propuesta del ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) de llamar a un plebiscito para decidir un eventual perdón a los represores.

Desde 2006, cuando la Corte aprobó la derogación de las leyes de amnistía, se celebraron un total de 26 juicios por violaciones a los derechos humanos que concluyeron con condenas, entre ellos a ex altos jerarcas militares, un ex juez y un sacerdote católico, según un informe del Centro de Información Judicial.

Unas 30.000 personas fueron desaparecidas durante el último régimen cívico-militar, según entidades humanitarias, y medio millar de hijos de secuestrados fueron apropiados por los represores o allegados, de los cuales 101 recuperaron su verdadera identidad.