El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró el sábado que una eliminación definitiva de las preferencias arancelarias andinas de Estados Unidos (ATPDEA) no provocará desempleo en su país y confirmó que dará compensaciones tributarias a empresarios y productores.

"Les aseguro que no se va a perder un sólo puesto de trabajo por este impasse diplomático, pero vamos a hacer respetar la dignidad y soberanía de este país", manifestó el mandatario socialista en su informe semanal de labores.

Agregó que está listo un decreto para aplicar un bono tributario que "compensa las pérdidas" por la eventual desaparición del ATPDEA y sostuvo que las preferencias arancelarias están congeladas desde febrero pasado por una "pelea" entre republicanos y demócratas en Estados Unidos.

Sectores empresariales y de la producción temen que Washington evite la renovación del ATPDEA por el "impasse diplomático" entre los dos países, originado por la reciente expulsión de sus respectivos embajadores a causa de un cable de Estados Unidos filtrado por WikiLeaks, que involucró a Correa.

El presidente indicó que con las compensaciones no habrá justificación para que se pierda "medio puesto de trabajo" en Ecuador.

El pasado lunes, la ministra de la Producción, Nathalie Cely, anunció que concederá un denominado Certificado de Abono Tributario dirigido a un millar de empresas y 500 productores en el marco de una estrategia de apoyo para mejorar la competitividad.

Dijo que en caso de desaparecer el ATPDEA, quedarán en riesgo unos 18.000 empleos en sectores exportadores como flores, brócoli, atún y frutas.

El sistema facilitará el canje de aranceles ocasionados por la exportación hacia el mercado estadounidense por impuestos generados en el país.

Un 5% de las ventas a Estados Unidos, que en 2010 alcanzaron 6.047 millones de dólares, se vería afectado en caso de que Washington declare la caducidad del ATPDEA a Ecuador, de acuerdo con el Ejecutivo.

El sistema de preferencias, que también beneficia a Colombia, está pendiente de ser renovado en el Congreso estadounidense, tras expirar en febrero.