La Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Navanethem Pillay, inició una visita a Bolivia en medio de acusaciones al gobierno de restringir la libertad de expresión, y luego de que la Iglesia expresara preocupación de que el país vaya hacia una democracia formal sin principios éticos.

La alta funcionaria de la ONU sudafricana tiene previsto permanecer cinco días en Bolivia. El martes se reunirá con el presidente Evo Morales luego de entrevistarse por separado con representantes de los órganos legislativo y judicial.

Además tiene en agenda diversas reuniones de análisis de la situación de los derechos humanos en Bolivia como la que sostendrá con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

Directivos de la prensa boliviana gestionaban de su lado una reunión con Pillay para expresarle su rechazo a la recién promulgada ley contra el racismo, que contiene dos artículos que, según organizaciones patronales y sindicales, violan la libertad de expresión.

Desde la promulgación de la ley, en octubre, los medios han señalado la necesidad de autocensurarse para evitar caer en alguna falta que implique multas o cierre de medios, y en particular en las páginas internet, donde cerraron los sitios para opinión de sus lectores, expresando claramente que se debía a esa ley.

"He venido a ver y escuchar" de manera que antes de emitir opiniones es preciso que "hable primero con todos" los sectores concernidos respecto a sus preocupaciones, dijo Pillay este viernes en una escueta declaración en el Aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz.

La funcionaria arriba además en momentos en que la Iglesia católica expresó preocupación de que en Bolivia "se instaure una democracia puramente formal, sin valores y principios éticos".

En una de las más duras críticas de la Iglesia al presidente Evo Morales, que asumió su primer mandato en 2006 con un fuerte apoyo popular, la Iglesia recriminó el jueves a su gobierno "por la ausencia de un diálogo sincero, por no escuchar el clamor y la opinión de los grupos, por un lenguaje que alimenta desencuentros entre sectores y regiones".

Asimismo "por excluir a las personas o sectores opuestos, pisoteando incluso los derechos inalienables como el respeto a la vida y la dignidad de la persona, y las libertades personales y democráticas".

El gobierno mantuvo hasta ahora silencio, pero el congresista Eugenio Rojas, un líder indígena cercano a Morales, replicó que si los obispos de la jerarquía católica "no quieren participar del proceso de cambio, están en su derecho, pero deberían obrar con mayor claridad y pasar a la oposición política".

Rojas invocó a los prelados a "ser más sinceros y no colocarse como conciliadores de problemas, cuando en el fondo ya tomaron una posición contra el proceso de cambio", que otorga un rol preponderante al Estado.

Pillay también deberá atender pedidos de justicia de los familiares de víctimas de la rebelión popular de octubre de 2003 que se saldó con la huída a Estados Unidos del presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, y más de 60 civiles muertos por el ejército y otros 400 heridos de bala.

La llegada de Pillay tiene que ver con un reciente acuerdo con el gobierno para ampliar la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia por tres años más, hasta 2013.