El Parlamento de Cataluña comenzó este miércoles por la mañana un debate que podría desembocar en un voto para prohibir las corridas de toros a partir de 2012.

Según los últimos cálculos de los especialistas, los 135 diputados catalanes parecen dispuestos a aprobar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los opositores a la tauromaquia, que la consideran una "barbarie".

Si prospera la ILP, Cataluña sería la segunda comunidad autónoma española en prohibir la tauromaquia, después del archipiélago de las Islas Canarias, que lo hizo a partir de 1991.

Partidarios y opositores a las corridas estaban movilizados ante un voto que se anuncia muy ajustado y cuyos trasfondos políticos relacionados con el nacionalismo catalán ya fueron denunciados por los defensores de la tauromaquia.

Decenas de manifestantes a favor y en contra estaban congregados este miércoles ante el Parlamento catalán. Los aficionados a las corridas de toros pedían "libertad", mientras que los adversarios reclamaban el fin de la "tortura" de los animales, constató la AFP. "Stop animal cruelty" (Basta de crueldad con los animales), exigían en inglés los carteles que agitaban los opositores a las corridas de toros, mientras que los partidarios enarbolaban pancartas que decían: "toros sí, libertad sí".

Todas las miradas estaban puestas en los 37 parlamentarios socialistas y los 45 legisladores del partido nacionalista moderado CIU que tienen libertad de voto.

Según los medios de comunicación españoles, los nacionalistas se pronunciarán en su mayoría a favor de la prohibición, en un contexto de reivindicación de su identidad y de lo "antiespañol", lo que inclinaría la balanza a favor de la ILP.

Muchos de estos periódicos pronosticaron, siguiendo el ejemplo del cotidiano catalán El Periódico, el "Fin de la Fiesta" taurina en Cataluña, donde se registra una pérdida de interés por la tauromaquia desde hace varios años.

La cuestión está presente desde hace varios días en los medios conservadores, que ven en la posible prohibición una voluntad de desquite de los políticos catalanes, después de la reciente y polémica sentencia del Tribunal Constitucional recortando algunos aspectos del Estatuto de Autonomía ampliada.