El gobierno y un grupo de nativos y colonos oficialistas acordaron una consulta sobre la construcción de una carretera por una reserva ecológica en el centro de Bolivia, mientras otros aborígenes amenazan con protestas si se insiste en la construcción de esa vía.

Los indígenas agrupados en el sindicato CONISUR (Consejo Indígena del Sur), apoyados por la administración del presidente Evo Morales, llegaron la semana pasada con una marcha a La Paz para pedir que se construya una carretera de 300 km por el parque ecológico TIPNIS en el centro del país y rico en flora y fauna.

CONISUR rechazó una ley que otros indígenas amazónicos, del sindicato CIDOB (Central Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano), forzaron en octubre pasado al gobierno a aprobar, para que vete la construcción de la carretera, que tiene un costo de 415 millones de dólares y fue adjudicada hace tres años a la firma privada brasileña OAS.

OAS comenzó a construir los primeros tramos, pero todavía no llegó al TIPNIS, una región que tiene 1 millón de hectáreas de superficie.

CONISUR discutió en los últimos días con los presidentes oficialistas de las cámaras de Senadores y Diputados una solución y propuso que se realice una consulta previa, en el marco de las leyes bolivianas, para que los habitantes aborígenes del TIPNIS decidan si quieren la vía.

El planteamiento fue aceptado, y ahora el oficialismo aprobará, probablemente durante los próximos 7 días, una ley de consulta en el parque ecológico, donde habitan unas 100.000 personas de varios pueblos nativos.

Indígenas y delegados gubernamentales "concluyeron el proyecto de ley de 11 artículos que establecen el derecho a la consulta", confirmó la presidencia del Congreso boliviano en un comunicado de prensa entregado a la AFP.

"Este es un acuerdo entre el Estado y los indígenas y el encargado de hacer la consulta es el Estado boliviano, los sujetos de la consulta son las 63 comunidades de los pueblos que habitan el TIPNIS", agregó en una rueda de prensa la presidenta de la Cámara de Senadores, la oficialista Gabriela Montaño.

La consulta previa es un mecanismo que reconoce la Constitución boliviana, coincidente con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, para que los lugareños decidan, cuando en sus tierras se ejecutan obras o se explotan los recursos naturales.

En el caso boliviano, el resultado es vinculante, es decir de cumplimiento obligatorio.

El procedimiento de la consulta varía: por lo general, primero se informa a los afectados sobre las obras que se quieren hacer y luego ellos, en asambleas o por voto, toman una decisión. Es frecuente que los afectados demanden millonarias indemnizaciones.

"Estamos realmente preocupados y molestos por ese acuerdo entre el CONISUR y el MAS (gobernante Movimiento al Socialismo), porque se está queriendo desconocer una ley, hay una ley para que no se construya la carretera y el gobierno persiste en hacer la carretera" en una región rica en flora y fauna, declaró por otra parte a la AFP el dirigente de la CIDOB, Lázaro Tacó.

"Vamos a analizar qué medidas vamos a adoptar para que se respete la ley y por supuesto que no se descarta otra marcha" de protesta a La Paz en las próximas semanas, explicó.

La divergencia entre indígenas a favor y en contra de la carretera alertó sobre el riesgo de generar un nuevo clima de confrontación, advirtió la oposición.

"Vemos que el mismo gobierno está generando un clima de enfrentamiento entre los mismos indígenas", señaló el senador derechista Bernard Gutiérrez.

La oficina de las Naciones Unidas en La Paz emitió un comunicado el fin de semana, en el que expresó su "preocupación sobre la persistencia de la polémica acerca de la situación del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS)".

¿Por qué el gobierno insiste en la carretera?, le preguntó días atrás la radio privada Erbol al ex oficialista e intelectual Raúl Prada. Éste respondió que el gobierno sufrió una derrota política, cuando los indígenas de la CIDOB le obligaron a vetar la carretera, y ahora la pretende revertir.

Por su parte, el vicepresidente Alvaro García declaró a la prensa mexicana que algunas protestas son promovidas por organizaciones no gubernamentales, "varias de ellas financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid)".

"El interés estadounidense (es el) de resguardar la Amazonía como su reservorio de agua y diversidad y el de promover divisiones entre los liderazgos indígenas", afirmó García.