Una ola de asaltos y robos a mano armada en las últimas semanas y asesinatos políticos o relacionados con el narcotráfico han creado alarma entre los peruanos, que hacen un serio cuestionamiento al gobierno y piden que se implante la pena de muerte.

El crimen más reciente fue el asesinato el miércoles del fiscal Néstor Fernández Ramírez, en la provincia surandina de Acobamba, a manos de sicarios que le dispararon tres balazos en la puerta de su oficina.

La víctima había investigado a dos traficantes de drogas que fueron condenados en esa provincia del departamento de Huancavelica, que se ha convertido en una ruta de traslado de droga de la región andina a la costa, según la policía.

En paralelo, la víspera fue hallado el cadáver del alcalde del distrito de Surcubamba (también en Huancavelica), Navío Común Gavilán, asesinado por motivos políticas cuando buscaba la reelección en los comicios municipales que tendrán lugar el 3 de octubre en todo el país.

Este homicidio provocó la destitución en las últimas horas del general de la policía César Ramos Paz, dispuesta por el ministro del Interior, Octavio Salazar, luego que el presunto autor de la muerte del alcalde fugó de la comisaría de Huancayo, donde Ramos ejercía la jefatura.

Un reciente sondeo de la Universidad Católica mostró que la criminalidad es considerada como el principal problema del país, especialmente en Lima.

Un 91% de los 500 encuestados dijo que la capital es "muy insegura" o "insegura", mientras que 75% dijo sentirse amenazado por la delincuencia común y callejera y 63% "nada o poco seguros en las calles".

Ante el auge de la criminalidad, la legisladora Keiko Fujimori, candidata a las elecciones presidenciales de abril de 2011, dijo que planteará un proyecto de ley para debatir en el Congreso la instauración de la pena de muerte.

"Ya llegó la hora de debatir la posible instauración de la pena capital para hechos graves como el de la niña Romina", dijo la hija del condenado ex presidente Alberto Fujimori, en alusión a un reciente asalto que conmocionó a los limeños.

Romina Cornejo, de 3 años, recibió un balazo que le afectó la médula espinal y la dejó inmovilizada de por vida, cuando delincuentes asaltaron a sus abuelos para robarles 6.000 dólares en plena vía pública.

El tema de la pena de muerte, que vuelve cada cierto tiempo a la agenda peruana, ha generado un arduo debate.

El ministro de Justicia, Víctor García, dijo que aplicar la pena capital es inviable debido a que tanto la Constitución como la Convención Interamericana de Derechos Humanos proscriben su aplicación.

El director de la Coordinadora de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, dijo entender la indignación por recientes actos delincuenciales, pero subrayó que ejecutar a un delincuente no soluciona nada y que el pedido de Keiko Fujimori fue lanzado "para ganar votos en la población".

En un intento de aquietar las aguas y las críticas por una supuesta incapacidad policial para frenar la violencia, el ministro del Interior dijo este jueves que "tampoco debemos generar todo un tema apocalíptico" y que las cosas hay que ponerlas en su nivel.

"El Perú mantiene todavía un nivel adecuado (en relación a otros países), a pesar de que existen hechos que nadie puede ocultar", refirió Salazar al subrayar que hay problemas sociales que inciden en la criminalidad pero que "no se puede hacer responsable a la policía de cuando llueve o hasta de un sismo".

Carlos Basombrío, investigador en temas de seguridad, estimó que entre las causas de la delincuencia figuran los problemas sociales de manera preeminente -el desempleo, la pobreza y las desigualdades- así como el mal funcionamiento de la justicia y la poca eficacia policial.