Argentina reiteró este viernes el pedido para que Estados Unidos desclasifique archivos de inteligencia sobre la última dictadura (1976/83), en el marco de una visita a Buenos Aires del congresista demócrata Maurice Hinchey, quien respalda el reclamo del país sudamericano.

"Sería importante que Estados Unidos desclasifique sus archivos de inteligencia sobre la dictadura argentina", dijo el ministro de Justicia, Julio Alak, durante un recorrido junto a Hinchey a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros de detención del régimen militar convertido en museo de la Memoria.

Alak insistió con que información hasta ahora desconocida podría ayudar, por ejemplo, a establecer el paradero de centenares de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres y que fueron apropiados (adoptados ilegalmente) por familiares o conocidos de funcionarios del régimen, según la página web de la Presidencia.

Un total de 106 niños de 500 robados en la dictadura han recuperado su verdadera identidad en 35 años de lucha de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.

Alak reconoció a Hinchey como "un arduo defensor de los derechos humanos" y recordó que el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter promovió en 1979 una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina (CIDH).

"La concreción de cientos de denuncias de familiares de detenidos- desaparecidos (ante la CIDH) favoreció la visibilización y condena internacional del accionar de la represión ilegal", destacó el ministro.

En el período 2008-2010, con mayoría demócrata, la denominada "enmienda Hinchey" fue aprobada por amplio consenso en la Cámara de Representantes y se incluyó en la ley de Autorización de Inteligencia sin objeciones, pero no fue respaldada por el Senado.

No obstante, Hinchey persiste año a año con su reclamo y esta actitud le ha permitido, por ejemplo, lograr la desclasificación de los archivos sobre la violación de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973/1990) en Chile.

Washington desclasificó parte de sus archivos sobre la dictadura argentina, entre ellos documentos pertenecientes al Departamento de Estado.