El gobierno argentino produjo el miércoles un giro en la política económica que se aplica desde 2003 al eliminar subsidios a compañías de servicios públicos, pero evitando un alza en las tarifas, anunció el ministro de Economía, Amado Boudou.
Boudou, vicepresidente electo para el segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner a partir de diciembre, dijo que se suprimirán subvenciones a bancos, financieras, aseguradoras, juegos de azar, aeropuertos internacionales, puertos fluviales, telecomunicaciones, hidrocarburos y minería.
En cambio, una comisión oficial analizará la estructura de subsidios en electricidad, gas y aguas, sin alterar los cuadros tarifarios, afirmó el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien acompañó a Boudou en el anuncio en el Palacio de Hacienda.
De Vido dijo que la medida generará "un ahorro fiscal de 600 millones de pesos (140 millones de dólares)", en momentos en que se ha reducido el superávit fiscal primario, que se calcula antes de pagar deuda pública.
"La medida es correcta. No tiene sentido que se financie a aquellos que podemos pagar lo que vale la energía. La quita no se trasladará a las tarifas residenciales", dijo el empresario Alejandro McFarlane, presidente de Edenor, una de las más grandes distribuidoras eléctricas de Argentina.
La política de subsidios que favorece a sectores de menores ingresos, aunque también la disfrutan otros de clase media, fue implantada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y continuada por su esposa.
"La medida alcanza a bancos, financieras, aseguradoras, juegos de azar, aeropuertos internacionales, puertos fluviales, telecomunicaciones, hidrocarburos y minería. No se van a modificar las tarifas", dijo De Vido.
El volumen de gasto estatal por subsidios a servicios públicos alcanzó en setiembre los 52.000 millones de pesos (11.000 millones de dólares), según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Consultoras económicas calculan para todo el año un presupuesto en subsidios de más de 70.000 millones de pesos, alrededor de un 16% del Producto Interno Bruto (PIB).
"La revisión de los subsidios comenzará con las empresas y no por las familias. Se buscará una mejor redistribución del ingreso", dijo Boudou.
El anuncio fue realizado un día después de que Kirchner viajara a Cannes para la cumbre del Grupo de los 20 (G20) y para reunirse con su par de Estados Unidos, Barack Obama.
Una tensión cambiaria se vivió en los últimas semanas con baja de reservas del Banco Central (autoridad monetaria), que acumula en el año una pérdida de 5.000 millones de dólares, aunque sin dejar de garantizar el dinero en circulación.
Analistas económicos afirman que la demanda de dólares se sustenta en un retraso del tipo de cambio frente a la inflación de 25% anual que calcula el Congreso y también a otros factores, entre ellos la inquietud por la política de subsidios y elevado gasto público.
Otro rubro de subsidios beneficia a familias pobres con hijos, bastión del fuerte respaldo electoral a Kirchner, quien se impuso en los comicios del 23 de octubre con casi el 54% de votos.
"Esperamos que esto no termine afectando el bolsillo de los consumidores", dijo el economista Claudio Lozano, diputado por el Frente Amplio Progresista (oposición, centroizquierda).
Otra decisión del gobierno fue traspasar a la alcaldía de Buenos Aires la administración del Subte (metro), que transporta 1,5 millón de personas por día e insume subsidios anuales por 700 millones de pesos.
"Consideramos muy positivo que nos hayan convocado para conversar sobre la transferencia del Subte", dijo el alcalde porteño, Mauricio Macri (partido PRO, derecha), uno de los líderes de la oposición.
© ANP/AFP

















