Una misión de Amnistía Internacional (AI) exigió este jueves al gobierno de Nicaragua despenalizar el aborto terapéutico, para evitar casos de muerte materna o que niñas embarazadas tras una violación sean obligadas a tener a sus hijos, informó una representante de la entidad.

"Estamos exigiendo que se permita el aborto terapéutico cuando la vida de la mujer está en peligro y también cuando ha habido violación sexual", afirmó la directora adjunta para América de AI, Guadalupe Marengo, jefa de la delegación del organismo, en entrevista con la AFP.

Nicaragua penaliza con uno a seis de prisión a las mujeres y médicos que realicen un aborto terapéutico, en virtud de una ley promulgada en 2007 por el presidente Daniel Ortega, pese a la resistencia de grupos médicos, de derechos humanos, feministas y la condena de varios países.

Para satisfacer presiones de la Iglesia católica, el Congreso había aprobado en 2006 la derogación del aborto terapéutico, vigente desde 1874 en el Código Penal.

Se calcula que antes de que entrara en vigencia la ley de 2007, más de 7.000 mujeres y niñas embarazadas eran atendidas anualmente en los hospitales de Nicaragua por complicaciones de salud que terminaban en abortos espontáneos o inducidos.

Actualmente es "difícil hacerse una idea cabal de las tendencias de las tasas de mortalidad materna en Nicaragua" por falta de información oficial, lo que además "hace imposible determinar cuántas muertes son consecuencia de abortos inseguros", señala una investigación realizada hace dos años por AI, a la que tuvo acceso la AFP.

No obstante, AI logró determinar con diversas fuentes que 20 mujeres y niñas murieron en 2007 como consecuencia de hipertensiones agudas durante su embarazo por falta de atención; 14 en 2008 y 33 en 2009.

El organismo también denuncia casos de mujeres con embarazos ectópicos (fuera del útero), con cáncer de cérvix u otras enfermedades que dejaron de ser tratadas a causa de esta ley.

"Los médicos están atados de pies y manos, pasan mucho susto cuando tienen que tratar un aborto en curso", dijo una galena que pidió no revelar su identidad y que fue entrevistada por AI, revela el informe.

"Yo siento una frustración muy grande", confesó otra doctora entrevistada, mientras una tercera dijo que prefería no cuestionar por temor a "ser acusada de apología del delito".

AI conoció incluso el caso de una mujer que ingresó a un hospital tras un aborto espontáneo, que "pidió a los médicos que no intervinieran, por temor a ser encarcelada.

Pero lo que más inquieta a la AI son las adolescentes menores de 17 años que quedan embarazadas tras una violación.

"Lo que se puede ver aquí son casos de niñas violadas que quedan embarazadas, que después no tienen la posibilidad de tener un aborto terapéutico", a quienes "el Estado las obliga a tener un hijo" y eso "es muy triste", expresó Marengo.

El informe de AI fue enviado a "una serie de instancias de la ONU, que se han pronunciado sobre esta problemática", pidiendo a "las autoridades nicaragüenses que cambien esa" ley, dijo Marengo.