La condena a 30 años de cárcel para el coronel Alfonso Plazas por la desaparición en 1985 de 11 personas en el asalto de la guerrilla del M-19 a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, causó el jueves alegría a los familiares de las víctimas y dolor al presidente, Alvaro Uribe.
El fallo de la jueza de Bogotá María Stella Jara proferido el miércoles es el primero que se produce casi veinticinco años después de ocurrido ese hecho en el que murieron 95 personas, entre ellas once magistrados.
Uribe, el ministro de Defensa Gabriel Silva y la cúpula militar se solidarizaron con el coronel retirado Plazas, quien fue uno de los que comandaron el operativo de recuperación del edificio ocupado violentamente por la entonces guerrilla nacionalista del M-19.
"La sentencia condenatoria al coronel Plazas genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos", dijo Uribe en una alocución que hizo rodeado por su cúpula militar.
"La manera de apoyar a las víctimas del Palacio de Justicia no es creando víctimas en las Fuerzas Armadas. (...) Lo único que demandamos de la justicia es justicia imparcial y oportuna frente a los abnegados integrantes de las Fuerzas Armadas", enfatizó el gobernante.
Uribe, quien se ha caracterizado por una política de mano dura contra la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), invitó "a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una nueva legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas".
Ante las reacciones del presidente y los mandos castrenses, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia expidieron un llamado a Uribe a respetar la decisión judicial, y le recordaron su obligación de respetar la independencia de poderes.
El tema fue abordado por los candidatos presidenciales Juan Manuel Santos -oficialista- y Antanas Mockus -independiente- durante un debate televisivo, de cara al balotaje del 20 de junio, para suceder a Uribe, en el poder desde agosto de 2002.
"Hay que hacer borrón y cuenta nueva y restablecer la justicia penal militar. Determinar los linderos de la justicia penal militar, la Fiscalía y la Procuraduría", aseguró el ex ministro de Defensa Santos al respaldar la propuesta formulada por Uribe.
Mockus -candidato por el Partido Verde- se declaró a favor de "defender la justicia ordinaria". "Los actos de servicio los juzga la justicia penal militar, y los delitos de lesa humanidad, la justicia ordinaria", dijo, tras comparar a Plazas con el dictador chileno Augusto Pinochet.
"Pinochet fue un militar que si bien pudo haber hecho cosas buenas, y mostró algunos resultados positivos, como Plazas, se extralimitó y por ello mereció ser castigado", dijo Mockus.
Santos acusó a su adversario de "ofender a los soldados colombianos", con la comparación.
Mientras, desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección para la jueza que emitió el fallo, y solicitó a Uribe "que adopte medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal" de la funcionaria judicial.
Los familiares de las once personas que desaparecieron tras la recuperación del edificio a sangre y fuego por los militares, celebraron la sentencia, aunque reclamaron saber la suerte de sus seres queridos.
"La condena que se produce después de casi un cuarto de siglo es ejemplarizante, pero aún no encontramos respuesta a la pregunta de dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia", dijo a la privada radio RCN René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de los desaparecidos.
Un informe de una comisión de la verdad reveló que el asalto fue financiado por el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, quien pretendía que fuesen quemados archivos del tribunal y que las Fuerzas Militares actuaron con "exceso de fuerza" y sin una "real intención de salvar a los rehenes".
El coronel Plazas niega que se produjesen desapariciones en ese hecho, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en el que murieron todos los integrantes del comando del M-19, salvo la guerrillera Irma Franco, que figura entre los desaparecidos.
El M-19 se desmovilizó en 1989 y sus integrantes fueron amnistiados.
© ANP/AFP
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Que hacer con la justicia en Colombia justicia que, agobiada por la pereza en el sentido de buscar la prueba para condenar, se la implora a los sindicados con la jugosa recompensa de penas irrisorias si confiesa su delito y, de paso, suministra nombres de los personajes que se encuentren involucrados en sus ilícitos confesados. Vemos a HH confesando, según dice la prensa, 3000 homicidios y al justicia le impone seis años de cárcel. Tal parece que la vida de humildes campesinos se encuentra bien desvalorizada. Parece que el mal viene desde 1991, una constituyente conformada `por algunos miembros pagados por el cartel pues Pablo Escobar era tan grande que no cabía en la constitución del 86 le hicieron pues, una constitución y una cárcel o mas bien un resort, a su gusto, en terrenos de su propiedad. De ahí, en adelante, surgieron una serie de prebendas para los delincuentes como las que se dan en el comercio a los compradores, al por mayor, pues a mayor volumen de compras mas rebaja; Siguiendo esta tónica a mas delitos confesados mas rebaja de pena y si a ello le sumamos mencionar personajes que de una u otra forma le abrieron camino para llevar a cabo sus hechos ilícitos mas rebaja de pena situación ésta, bien peligrosa toda vez que anima al personaje procesado a dar nombres de personas sin que se sepa ,a ciencia cierta, que dice la verdad..Tenemos una justicia débil frente a los delincuentes habituales y muy fuerte frente a los ocasionales.De todos modos se le carga la mano mas, al delincuente ocasional, fuertes penas para ellos y benignas para el delincuente profesional En todo caso las agravaciones punitivas para el delincuente nato o profesional no operan. Acá en Colombia le va mas bien a quien roba miles de millones de pesos que al delincuente que se hurta bienes de escaso valor, Los delincuentes de cuello blanco aquellos que defraudan al estado en billones de pesos terminan sirviendo de testigos y recibiendo penas irrisorias que invitan a futuros delincuentes a alzarse con bienes de la nación pues las penas a imponer son bien llamativas y nada amenazantes para quien piense alzarse con bienes del estado .Penas tan irrisorias para delitos tan graves dan, para una sencilla operación matemática cual es robarse a vía de ejemplo la suma de un billón de pesos pues con la confesión del delito mas la delación de quienes fueron sus compinches da para una escasa pena de seis o siete años de cárcel ahora siete años de cárcel nos da 84 meses y dividiendo el billón de pesos por ochenta y cuatro nos da un “sueldo” mensual de mas de 11.904 millones delito que, por su alto rendimiento mensual, y la lenidad de la pena llama a cualquier delincuente a cometerlo. A todas estas. cuál es el mensaje que se le esta enviando a la juventud ¿ No es otro que esto. Si se va a dedica a la delincuencia séalo pero, bien peligroso por cuanto esa cualidad trae beneficios tales como penas irrisoria penas que no se compadecen con la entidad del o de los delitos cometidos. Tenemos una corte suprema de justicia que no ha hallado aún la prueba necesaria para llevar a la cárcel a políticos que le hacen el juego a los asesinos de esa horda delincuencial llamada FARC prueba que abunda si, para los para políticos pues basta que un paramilitar abra la boca y mencione a un político para que el peso de la ley caiga sobre èl. La justicia en Colombia es sorda, coja, manca, mocha y pantallera.