La activista mexicana de derechos humanos Norma Andrade, oriunda de la violenta Ciudad Juárez (norte), anunció este martes que abandonará el país tras sufrir un segundo ataque el viernes en la capital de México.

"Aun cuando me duela mucho, lo voy a tener que hacer", dijo Andrade al canal de noticias Milenio en referencia a su decisión de irse, aunque no especificó en qué país se refugiaría.

"Somos muchos los activistas que hemos sido atacados", añadió la mujer, que se volvió activista en 2001 luego de que su hija Lilia García, de 17 años y madre de dos niños, fue secuestrada por presuntos narcotraficantes y asesinada en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

Andrade, de 52 años, fue una de las fundadoras y copresidía la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, creada por familiares de jóvenes asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.

La activista ha denunciado la existencia de una red de trata de mujeres ligada al cártel de Juárez.

En los años noventa y hasta 2003, más de 400 mujeres fueron asesinadas en esa ciudad de 1,3 millones de habitantes, en casos considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como 'feminicidios': asesinatos cuyo común denominador era que las víctimas eran atacadas por ser mujeres.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha denunciado que en Ciudad Juárez se siguen registrando casos de asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes.

Tras sufrir un primer atentado a balazos el 2 diciembre en Ciudad Juárez, Andrade se había trasladado a la capital mexicana, donde el viernes un sujeto la atacó con un cuchillo cuando llevaba a su nieta a la escuela, provocándole una herida en el cuello.

La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales condenaron ese segundo ataque contra Andrade, recordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había pedido protección especial del gobierno mexicano para la activista.

Al menos 27 defensores de derechos humanos fueron asesinados desde 2005 en México, según un informe de julio de 2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.