Entre el lunes 19 y el martes 20 de septiembre 17 pandilleros son asesinados en tres centros penitenciarios de Guatemala. La Mara Salvatrucha mata a doce rivales de la M18 en el Correccional Etapa Uno y dos. La misma Salvatrucha, el mismo lunes, mata a tres miembros de la M18 en la prisión de Puerto Barrios. El martes dos integrantes de la Mara 18 son asesinados en la cárcel de El Hoyón. Venganza es el móvil de estas rencillas fatídicas que por su salvajismo impiden aprehender todavía la profundidad del drama.

En términos prácticos todo lo ocurrido está relacionado con una venganza. El seis de septiembre fue asesinado un miembro de la Mara Salvatrucha. Las muertes de ahora son, según palabras de un recluso de 20 años, "para enseñarles quien manda en este centro".
De allí la saña de decapitar a dos jóvenes y arrancarle un ojo a otro. Hay que infundir terror en el enemigo para que el miedo lo paralice.

Vaciados de cualquier atisbo de moral y ética los integrantes de estas pandillas son una especie de regreso a las cavernas, en las que impera el valor único de pertenecer al grupo y ver al resto de la humanidad como una cosa que se puede utilizar, destruir si es preciso y, finalmente, tirar a la basura.

En términos políticos la responsabilidad del Estado y sus instituciones es mayor. Hay falta de capacidad o voluntad del sistema carcelario para garantizar las condiciones de seguridad mínimas. Persiste el escaso número de guardias lo que limita la posibilidad de imponer orden. Los centros de reclusión tienen una infraestructura deplorable e insalubre. Y lo que es peor el ingreso de armas, granadas de fragmentación y teléfonos celulares sólo de puede hacer posible merced a la complicidad y el soborno de funcionarios. Los salarios que percibe el cuerpo penitenciario son una incitación al delito porque se encuentran por debajo de la línea de la dignidad y el decoro.

Los términos prácticos arrojan un velo sobre una sociedad marcada por décadas de violencia e impunidad. Nadie puede negar que estamos frente a una nueva forma de delincuencia peligrosa y asesina, a  la que hay que combatir sin contemplaciones porque las evidencias de sus vinculaciones con el crimen organizado son inocultables. Pero todo ello no debe impedir un diagnóstico certero para que la solución sea integral y no únicamente represiva.

La juventud de muchos países no ha recibido precisamente el mejor ejemplo de una justicia que debería tener sobradas sospechas sobre los responsables de miles de asesinatos y desapariciones.

Por qué no preguntarse de que modo violento ha sido afectada la vida de estos jóvenes en sus familias, o en la exclusión social. Si optamos por lo fácil entonces podemos decir que nacieron así, malos por decisión genética. Si intentamos tratar de entender nos veremos en la obligación de ofrecer alternativas viables para quienes ahora son verdugos pero en algún momento pueden haber sido víctimas. Según Casa alianza, en el año 2004, 847 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre cero y 22 años murieron violentamente en Ciudad de Guatemala. Y la violencia no es un fenómeno que sólo ocurre en la capital.
La estigmatización y el trato peyorativo cometen el pecado de deshumanizar, y cuando estas ideas se trasladan sin críticas a los medios de comunicación, se hace difícil establecer otras percepciones del problema.

Hace ya un tiempo un grupo de "mareros" después de asesinar brutalmente a un hombre, al que previamente había torturado y sometido a toda clase de vejaciones dejó un mensaje para el Presidente de Guatemala Óscar Berger: "Señor presidente: si sigue persiguiendo a los pandilleros, seguiremos matando a gente".

El desquiciamiento de estos jóvenes delincuentes reclama medidas urgentes por parte del Estado y del conjunto de sociedad, para atacar el mal y para buscar cerrar la fuente de la que mana tanta violencia.