Iniciada ya la carrera presidencial en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral elaboró un proyecto de acuerdo para conducir la campaña con respeto riguroso a las leyes y acatamiento a los resultados que dará seguramente la noche del domingo pautado para la elección, el venidero 7 de octubre.

Los aspirantes principales son dos: el presidente Hugo Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el opositor Henrique Capriles Radonski, de la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD), aunque presentaron sus nombres otros cinco aspirantes de grupos minúsculos.

Acuerdo
El Consejo Nacional Electoral (CNE), uno de los cinco poderes independientes del Estado venezolano, convocó a los contendores para firmar el acuerdo este martes. Pero en este país dominado por una polarización política aguda, será muy difícil ese logro.

El documento contiene tres puntos que reiteran lo establecido en la Constitución, leyes y reglamentos en materia electoral, tal como lo anunció la presidenta del organismo, Tibisay Lucena:

“El acuerdo compromete a los candidatos y a las organizaciones con fines políticos en tres puntos: 1) Actuar en estricto cumplimiento de la Constitución, leyes y normas electorales; 2) Reconocer los resultados emitidos por el CNE, como expresión perfecta de la soberanía del pueblo de Venezuela, ejercida a través del sufragio; y 3) Competir y ofrecer las mejores acciones propias y de los seguidores en un clima de respeto, paz y sin violencia.”

Acusaciones y exigencias
¿Por qué una democracia con décadas de experiencia electoral necesitaría un acuerdo adicional a lo que ya señalan leyes, reglamentos y árbitro? Porque se intenta atender acusaciones y exigencias de cada bando: el gobierno acusa a la oposición de poseer un plan B para intentar desestabilizar al país cuando se anuncie su derrota, y exige que los opositores anuncien que reconocerán lo que diga el Consejo Electoral. Y la oposición acusa al gobierno de ventajismo, de utilizar recursos públicos en la campaña y de parcialización del árbitro, pues cuatro de los cinco rectores del CNE en el pasado han sido seguidores del oficialismo.

El abogado y analista político Eliécer Calzadilla lo explica así a Radio Nederland:

“En Venezuela desde hace 60 años no ha cristalizado un constitucionalismo respetable. Hay elecciones y alternancia en el poder, pero no verdadero Estado de derecho y democracia. Históricamente los gobiernos y partidos fuertes han ejercido ventajismo electoral y prácticas comiciales que lindan en lo ilícito. Por otra parte, el acuerdo propuesto por el CNE es inédito, y debería partir de un acuerdo y de consensos, no impuesto como un acto de adhesión.”

El oficialismo y su presidente-candidato, Hugo Chávez, han dicho que suscribirán el acuerdo. Chávez afirma que emplea vehículos, custodias y otros servicios del Estado por su condición de presidente. "Utilizo el avión presidencial. ¿Qué quieren, que vaya a la esquina a pedir un aventón?", dijo recientemente. Y defendió el uso de sus largas y frecuentes cadenas de radio y TV pues "es un derecho que me da la Constitución".

Capriles y el bloque opositor rechazan "entregarle un cheque en blanco" al Consejo Electoral si no se detiene el ventajismo que aprecian en las cadenas presidenciales, la propaganda de organismos estatales en prensa, radio y televisión, y el empleo de recursos públicos, desde soldados hasta autobuses, en la campaña oficialista.

Sin apoyo de oposición
Como no se incluyeron esos puntos que propuso, la mesa opositora calificó el acuerdo del Consejo Electoral como "chucuto", es decir, recortado, incompleto, y no lo acompañará. Esta posición es explicada por el sociólogo Trino Márquez, quien en los años 90 del Siglo XX dirigió la Comisión presidencial para la reforma del Estado:

“El proyecto de acuerdo está dirigido a complacer al presidente de la República, decidido a continuar su política ventajista sin que el CNE le ponga restricción, y a tratar de que la oposición y el país lo acepten de manera sumisa.”

“Del acuerdo quedan excluidos dos elementos básicos: las cadenas presidenciales, de un presidente que en menos de 14 años de gobierno ha hablado por radio y TV casi 365 días continuos, y otro referido a las restricciones que deben tener los gastos y funcionarios públicos.”

"Si no se suscribe el pacto no pasará nada. Los militares, una de las columnas en las cuales se apoya el presidente, van a acatar la voluntad popular. Aquí no habrá violencia ni anarquía", aseveró Márquez.

De esta manera, la campaña continuará hasta dos días antes de las votaciones el 7 de Octubre, sin acuerdos entre oficialismo y opositores siquiera sobre reglas de juego aceptadas y compartidas, y con discursos que por momentos crispan al máximo las voluntades en un país que ha efectuado más de 15 consultas electorales en menos de 15 años marcados por la polarización política.