La familia Barrios, en Venezuela, ha perdido a cinco de sus miembros en un margen de 12 años y responsabiliza de ello a la policía. Su caso ha llegado hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El drama de la familia Barrios, en Venezuela, comenzó en el año 1998. El 28 de agosto de ese año, Benito Antonio Barrios apareció muerto después de haber sido arrestado por la policía del Estado de Aragua. Desde entonces, son 5 los componentes de la misma familia que han muerto, y la familia responsabiliza de todas las muertes a agentes de policía venezolanos.
 

El caso ha llegado hasta los tribunales internacionales después de vagar entre las distintas instancias judiciales venezolanas. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó hace unos días una demanda contra el Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte DH. La Comisión acusa al Estado venezolano de impunidad por los presuntos abusos cometidos por los agentes de la policía contra la familia Barrios.

"El caso Familia Barrios, Venezuela, fue presentado el 26 de julio de 2010 por la persecución por parte de agentes de la policía del Estado Aragua contra los miembros de la familia", señala la Comisión en un comunicado.

"Como parte de esta persecución, cinco miembros de la familia Barrios han sido asesinados, unos de ellos siendo aún niño," agrega la CIDH, que además denuncia que estos crímenes "permanecen en la impunidad".

Acoso policial
Eloísa Barrios, figura principal de la familia, cuenta a Radio Nederland que el arresto de Benito Antonio, primera víctima de este caso, tuvo su origen en una riña que mantuvo el joven con un muchacho, motivo por el cual fue denunciado y arrestado. A partir de ahí, la familia Barrios comenzó a sufrir el acoso de la policía.

Las muertes de los otros miembros de la familia se sucedieron de forma inexorable: el 11 de diciembre del 2003 apareció muerto el segundo hermano, Narciso; y el 20 de septiembre del 2004 murió otro hermano, Luis Alberto. En el 2005 murió un sobrino de 16 años, Rigoberto, y la muerte más reciente fue la de otro sobrino, Oscar, que falleció en noviembre del 2009.

La familia ha sido objeto además de detenciones, allanamientos, amenazas y hostigamiento, según la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Todos estos abusos han continuado a pesar de que la CIDH pidió desde el 2004 medidas de protección para la familia al gobierno venezolano.

La Comisión denuncia que varios miembros de la familia Barrios siguen en situación de riesgo y asegura que estos hechos "se enmarcan en el contexto más general de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de las fuerzas policiales regionales".

Agotada la vía de la justicia venezolana
La señora Barrios explica que la familia se vio obligada a acudir a la CIDH después de agotarse todas las instancias judiciales en Venezuela. En su relato, Eloísa Barrios señala que en la Fiscalía del Estado de Aragua, al norte del país, no le dieron la información necesaria para presentar la denuncia y continuar con el proceso. “No me asesoraron, no me dijeron lo que yo tenía que hacer”, dice.

Por su parte, Luis Aguilera, abogado de la Comisión de Derechos Humanos en Maracay, dice a Radio Nederland que “es lamentable que, a pesar de todas las solicitudes que se le han hecho a las distintas autoridades que tienen que ver con la investigación, juzgamiento y condena de los responsables materiales e intelectuales de los 5 asesinatos contra miembros de la familia Barrios, hasta la presente fecha no haya habido ningún responsable”.

Aguilera recuerda que el derecho a presentar queja ante el sistema interamericano está establecido en el artículo 31 de la Constitución nacional.

Una familia de trabajadores
Tanto Eloísa Barrios como el abogado Luis Aguilera niegan rotundamente que los fallecidos de la familia estuvieran implicados en actividades ilícitas o delictivas. Eloísa Barrios asegura que las autoridades han intentado manchar su reputación y convertirlos en victimarios sin que hayan cometido ningún delito.

Mientras tanto, el abogado explica que la familia procede de una zona campesina y que toda su vida se ha dedicado a ganarse un sueldo rural, a través de la reparación de fincas, ka cría de ganado, la recolección de productos de la región o la mecanización y empleo de maquinaria agrícola. Cabe señalar que en la zona no hay industria y el comercio es muy pequeño, por lo que la generación de empleo es escasa.

“Son familias honorables, decentes, que por atreverse a denunciar a unos funcionarios han venido sufriendo este tipo de violación a los derechos humanos, no solamente los ajusticiamientos, que por supuesto son cuestionables, pero ha habido otros hechos enmarcados dentro de esas medidas represivas y hostigantes de los funcionarios contra miembros de la familia”, denuncia.

Medidas cautelares
Según consta en los archivos de la Comisión, “el 22 de junio de 2004 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de la señora Eloisa Barrios y su familia. La información disponible indica que los beneficiarios han sido objeto de constantes amenazas y actos de intimidación en razón de sus denuncias por el asesinato de su familiar, Narciso Barrios, presuntamente cometido por agentes estatales. Los peticionarios señalan que el 19 de junio de 2004 Jorge Barrios, Oscar Barrios –familiares de la señora Eloisa Barrios— habrían sido detenidos por una comisión policial y amenazados de muerte, tras lo cual Jorge y Oscar Barrios habrían sido golpeados a puntapiés en el rostro y el cuerpo. En vista de la situación de riesgo para los beneficiarios, la CIDH solicitó al Estado venezolano la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de la señora Eloisa Barrios y sus familiares. Tras tomar conocimiento de la muerte violenta de uno de los beneficiarios de las medidas cautelares, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales, conforme al artículo 63(2) de la Convención Americana. Las medidas provisionales fueron otorgadas el 24 de septiembre de 2004”.