La Constitución de Venezuela es una de las más respetuosas con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, este colectivo se ha convertido en el primero en ser juzgado por la Fiscalía Militar.

Laura Pinto

El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, calificó este hecho de “inconstitucional y contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde nuestro criterio no deberían ser procesados ni en la justicia ordinaria ni en la militar”, puntualizó.

Aunque la Carta Magna estipula que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar, algunos dirigentes indígenas están siendo procesados por esta instancia a raíz de lo ocurrido el pasado mes de octubre, cuando un grupo de indígenas retuvieron y desarmaron a varios militares como protesta por la extracción ilegal de las minas de oro del Alto Paragua.

En este sentido, varios representantes de 13 comunidades indígenas procedieron al desarme y a la retención de 19 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en un local cercano a una explotación minera que había sido desalojada hace dos meses. Alvarado aseguró que esta acción se produjo “sin causar ningún daño a los soldados”. La respuesta por parte de las autoridades no se hizo esperar y días más tarde se asentaron en la zona unos 500 soldados, lo que originó cierto malestar social en esta región. La justificación militar a este asentamiento se basa en la preservación de la seguridad en la zona, pero los indígenas temen una mayor represión por las acciones cometidas.

Desde que se estableció la ley de nacionalización del oro en el país, en agosto del año pasado, se ha producido una lucha continua entre los indígenas y los castrenses. Por una parte, los pueblos originarios defienden sus tierras ancestrales y, por otra parte, los militares ejercen estas acciones en base a la ley orgánica que reserva al Estado actividades primarias como la exploración y explotación de minas y yacimientos de oro, así como el aprovechamiento de dicho mineral y la creación de empresas para su ejercicio.

Penas de entre 6 y 10 años de cárcel
En este caso, los indígenas se enfrentarían a penas que oscilan entre los 6 y los 10 años de cárcel por los delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional y de ataque al centinela.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tendría en sus manos la posibilidad de suspender este proceso judicial, aunque según afirmó Alvarado es “una forma de intimidar a los otros pueblos indígenas para que no vayan a cometer ese tipo de acciones nuevamente”. Por su parte, las protestas de los indígenas no se han dejado de suceder desde que se produjeron las detenciones de sus líderes.