Organizaciones sindicales y de derechos humanos proponen que se catalogue como crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos por la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985.

Omar García

En 5 semanas prescriben los delitos de ‘homicidio’ cometidos por la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. Organizaciones sindicales y de Derechos Humanos quieren que la Justicia califique esos delitos como de Lesa Humanidad, que son imprescriptibles.

“No buscamos encarcelar gente sino sentar jurisprudencia firme que desaliente futuras aventuras totalitarias”, explicaron los impulsores. Altísimos jerarcas de la dictadura, incluidos 2 Presidentes del país durante aquel régimen, han sido encarcelados por delitos cometidos durante ese período.

Sin embargo, hasta ahora la Justicia no ha logrado tipificar ningún caso como delito de Lesa Humanidad, como Tortura o Desaparición Forzada. Los gobiernos de centro-derecha que predominaron tras la recuperación democrática aplicaron la parte de la Ley de Caducidad que limita las investigaciones. Pero esa misma normativa tiene un flanco que habilita juicios a quienes daban órdenes, parte que más utilizó la izquierda política desde que asumió el gobierno, hace 6 años.

En consecuencia, se detuvo a varios represores, aunque ninguno de ellos bajo tipificación de Lesa Humanidad, sino por Homicidio Muy Especialmente Agravado.
Este delito prescribe, según el Código Penal, a los 26 años y 8 meses, período que, tomando como referencia el día de la restauración democrática, se cumplen el próximo noviembre.

Así las cosas, parecería que ya no se procesará a más miembros de la dictadura.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia uruguaya nunca se ha pronunciado sobre la acusación de delitos de Lesa Humanidad a los represores del gobierno de facto.
Además, al pronunciarse meses atrás sobre la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman, la Corte Interamericana sentenció que Uruguay no debe aplicar ni la Ley de Caducidad, ni de amnistía, ni de prescripción para delitos de Lesa Humanidad.

Puesto que ha suscrito su adhesión a tratados internacionales que respaldan esa sentencia, Uruguay está en contradicción jurídica. Por tal razón, con apoyo de organizaciones de Derechos Humanos, la central sindical PIT CNT ha presentado un proyecto de ley encaminada a poner fin a esa incompatibilidad, y también a la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo en casos de crímenes de la dictadura.

El presidente de la República, José Mujica, acaba de ponerse al tanto del proyecto y, según sus autores, lo juzgó favorablemente. Este dato es fundamental, porque la opinión de los legisladores del Frente Amplio, que es la fuerza política gobernante y mayoritaria, dependerá la postura de Mujica.

Si bien la ley de Caducidad no pudo ser eliminada en dos votaciones populares ni en una instancia parlamentaria, a juicio de Ignacio Errandonea, de la organización Familiares, esto no constituye ningún obstáculo. “Los Derechos Humanos no se plebiscitan; los plebiscitos no hacen que los DDHH sean más o menos legales,” argumenta, “si mañana, mediante plebiscito, decidiéramos restablecer la esclavitud, esa decisión sería tan inmoral como si la fijáramos por decreto o por ley. Los derechos a respirar o a la libertad no están sometidos a minorías o mayorías; todo ser humano nace con ellos.”

Por lo pronto, lo que parecía negativo, es decir la prescripción de ciertos delitos, puede convertirse en la oportunidad de eliminar para siempre de la legislación uruguaya las herencias de la dictadura que aún impiden considerar los delitos de Lesa Humanidad como lo que realmente son según el Derecho Internacional más avanzado.