La fábrica finlandesa Botnia, en funcionamiento desde 2007 en la ribera uruguaya del río fronterizo, "es perfectamente compatible con todas las leyes para la protección del medio ambiente", manifestó el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Carlos Gianelli. "No es cierto que Uruguay no haya consultado a Argentina" antes de la construcción de la planta de celulosa, dijo y recordó a los jueces de la Corte que el puente internacional General San Martín sigue bloqueado, "lo que constituye una pérdida de millones de dólares", al tiempo que aseguró que el gobierno del país vecino "toleró abiertamente" esta situación y "la continúa tolerando" en la actualidad.
 

¿Riesgo para el ecosistema?
Argentina elevó el caso de la fábrica finlandesa Botnia a la CIJ en mayo de 2006 cuando, aseguró, se habían agotado las vías bilaterales para resolver el conflicto. Su argumento, defendido en la fase oral, es que el país vecino violó el Tratado del Río Uruguay que obliga a ambas partes a consultarse para desarrollar actividades en este afluente. Además, asegura que la planta supone un riesgo para el ecosistema de la zona.
 

En cambio, Alan Boyle, profesor de Leyes Internacionales de la Universidad de Edimburgo, respaldó la posición uruguaya con las conclusiones de la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU) y organismos externos como Ecometrix y el IFC (Corporación Financiera Internacional). Aseguró que la calidad de las aguas no se ha modificado desde la puesta en funcionamiento de Botnia.
 

Fundamentándose en los análisis ambientales, Boyle manifestó que la planta "no ha causado ninguna contaminación, no ha puesto en peligro el ecosistema y satisfizo todas las normas de protección establecido entre las partes y la CARU".
 

Según Boyle, la concentración de fósforo y dioxinas en las aguas es inferior al autorizado, y aún así Uruguay trabaja en la reducción de estos niveles. Por el contrario, acusó a Argentina por la presencia de unas 25 fábricas instaladas en la zona que vierten elementos contaminantes al río fronterizo. Recordó además que la CARU monitorea el medio acuático, mientras que no existe una regulación para medir la contaminación atmosférica, uno de los argumentos aportados por Argentina al referirse al mal olor.
 

Surrealismo argentino
El jurista norteamericano Paul Reischler manifestó a su turno que la imagen presentada la semana pasada por Argentina no es la realidad, "más bien se parece al surrealismo de Salvador Dalí". Uruguay presentó en noviembre de 2005 "un número considerable de documentos" antes de la construcción de la fábrica de celulosa, pese a que, recordó Reischler, la parte demandante lo niegue. A la luz de las pruebas demostradas, "yo temo que mis ilustres amigos se equivocan", dijo irónico.
 

Guerra de informes
Tras la primera jornada de audiencias de Uruguay, queda claro que los jueces tendrán que valorar qué informes aceptar, si los presentados por Argentina o los de Uruguay. Quizás, y como se comentó en anteriores ocasiones, los magistrados tendrán que acudir a expertos externos o, en medio de la "guerra de los informes", tomar partido por una posición.

Después de esta semana de audiencias le seguirán dos días de réplicas. La decisión de la CIJ podría conocerse en un máximo de seis meses.