La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso abierto contra Uruguay por la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, según informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, había elevado el caso ante la CIDH debido al incumplimiento del Estado uruguayo en la reparación y esclarecimiento del caso Gelman, solicitado en 2006. El caso no se ventiló judicialmente porque lo impedía la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esta ley impedía juzgar a los responsables de las graves violaciones cometidas durante la dictadura entre 1973 1985.

El paso de la CIDH representa una llamada de atención, ya que a pesar de las oportunidades para que la Justicia uruguaya esclareciera este caso no se ha llevado a efecto.

En entrevista a Radio Nederland Ariela Peralta, representante de CEJIL de Uruguay, manifiesta su optimismo de que esta vez el Estado cumpla con lo que le ordena la Justicia. Manifiesta también su esperanza de futuras transformaciones en el sistema judicial uruguayo, entre ellas la anulación de la Ley de Caducidad.
 

Anna Karina Rosales.- ¿Por qué decide CEJIL elevar el caso Gelman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Ariela Peralta.- Cuando nosotros presentamos el caso a la CIDH en 2006 lo hicimos porque consideramos que, con la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena Gelman, la no investigación de los hechos, la no sanción de los responsables y el no conocimiento del destino de la persona desaparecida, Uruguay había violado algunos de los artículos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad personal de Juan Gelman, de Macarena, la hija de María Claudia y la falta de, entre muchos, existencia de un recurso efectivo par a las víctimas en un tiempo razonable, para poder investigar los hechos y sancionar a los responsables y conocer el destino de lo sucedido. El 21 de agosto de 2008, la Comisión informó al Estado uruguayo que la Comisión consideraba que era responsable por violaciones al debido proceso y le concedió 3 prórrogas. El pasado 21 de enero de 2010 la Comisión estimó que Uruguay, a pesar de todas las prórrogas, no había cumplido, y por eso consideramos que el caso debe dirimirse en la Corte, es decir, finalmente el último estadio procesal. Consideramos además que este caso también demuestra la existencia de un impedimento jurídico en la legislación uruguaya, cual es la existencia de la Ley de Caducidad que ha permitido que el proceso en el ámbito interno haya sido limitado
 

A.K.R.- ¿El caso Gelman no había sido acaso excluido de esto?
A.P.- El caso Gelman había tenido muchos vaivenes a nivel del procedimiento interno. Inicialmente el poder ejecutivo, que no es el gobierno que hoy está al mando del Estado en Uruguay, había dicho que el caso estaba incluido. Cuando este Gobierno dice que el caso no está incluido, el Fiscal dice que lo que había dicho el Poder Ejecutivo anteriormente era un acto de gobierno y, por lo tanto, cerraba. De ahí se fue a un tribunal de apelaciones. Este tribunal por cuestiones formales le da la razón, y después sí se reabren las investigaciones que todavía no han llegado a ningún punto de conocer la verdad ni de sancionar a nadie. El problema es que no puede ser que la suerte de un recurso efectivo para las víctimas dependa del gobierno de turno.
 

A.K.R.- En este litigio se pide que el Estado uruguayo, el gobierno actual, adopte las medidas para la reparación de las víctimas y la protección del derecho al esclarecimiento incluida la cuestión de la Ley de Caducidad. ¿Espera que este gobierno finalmente haga algo al respecto?

A.P.- Sí, porque es una disposición indiscutible del derecho internacional de los derechos humanos que, en caso de graves violaciones a los derechos humanos y de comisión de delitos como la desaparición forzada, no hay ningún eximente posible para el gobierno. Supongo que sí, que no lo ha hecho hasta ahora, pero ante una sentencia de la CIDH, en honor al estado de derecho no tengo ninguna duda de que el Estado uruguayo va a cumplir.
 

A.K.R.- ¿Cuánto tiempo, calcula que tomará todo hasta que se pronuncie la sentencia y haya una reacción positiva en este caso?

A.P.- El trámite ahora, desde que ya se presentó la demanda a la CIDH es difícil de calcular. Aunque están establecidos reglamentariamente los tiempos procesales, podría llevar, más o menos, el transcurso del 2010. Después de que salga la sentencia, si sale favorable a nuestras peticiones, la Corte le da un plazo al Estado para cumplir. Y el Estado tendrá que encontrar la forma si es que la Corte mantiene su jurisprudencia y le ordena dejar la Ley de Caducidad, además de otras reparaciones directas para las víctimas. Tendrá que encontrar la forma de dejar sin efecto la ley.