El último dictador uruguayo, Gregorio Alvarez (83 años), fue condenado a 25 años de prisión por “homicidio especialmente agravado” de 37 de sus compatriotas que ordenó secuestrar en Argentina y asesinar en Uruguay, cuando era Jefe del Ejército. El capitán Juan Carlos Larcebau también fue sentenciado a 20 años de cárcel.

“Hay lugares y tiempos extensos, densos e intensos.
Lo denso es mucho contenido en poco espacio.
Lo intenso es mucho contenido en poco tiempo.”
 

En la breve geografía del pequeño país de Sudamérica, la Justicia se enlenteció un extenso tiempo y ahora la Historia se aceleró en pocos días, tras esperar doce años de dictadura y un cuarto de siglo en democracia.
 

Un salto de 25 años hacia el futuro es para los familiares de detenidos-desaparecidos la condena al octogenario tirano por 37 homicidios especialmente agravados, según anunció este jueves el abogado acusador Oscar López Goldaracena, desde la puerta de tribunales.
 

Homicidios muy agravados
“El ex dictador Gregorio Álvarez fue condenado por 37 homicidios muy especialmente agravados a 25 años de penitenciaría", explica López Goldaracena. "En la sentencia, se califica estos crímenes como de lesa humanidad, lo cual es un avance muy importante para el Derecho uruguayo.
 

Por su parte, Larcebau fue condenado a 20 años de penitenciaría por 29 homicidios muy especialmente agravados. Fuimos notificados en este momento de la sentencia por el juez Luis Charles: “el ex dictador manifestó no poder asistir porque se encuentra con diarrea. Se le envió médico forense para constatar y será notificado en la cárcel”.
 

La guerrilla mató al capitán Artigas Álvarez, hermano del general Álvarez, quien luego en 1973 lideró el golpe de Estado, fue jefe del Ejército y gobernó cuatro años desde 1981. El dictador se fue por atrás del Palacio de Gobierno, un 14 de febrero de 1985, mientras los jóvenes –y un futuro corresponsal- saltábamos enfrente, sobre Plaza Independencia.

Tiempos intensos
Uruguay, el país de "El impulso y su Freno" -del filósofo Carlos Real de Azúa-, todavía no termina de reaccionar a que asiste a un tiempo intenso y que su espacio está denso de acontecimientos. El lunes se declaró inconstitucional la Ley de Caducidad que protegía a militares, este jueves se condenó por primera vez a un dictador a 25 años de cárcel, y el domingo vivirá tres votaciones paralelas: un referéndum para anular la ley que traba investigar violaciones a derechos humanos, otro plebiscito para dejar votar a los uruguayos en el extranjero, y se sabrá si el ex guerrillero José Mujica alcanza la mitad de electores para ganar la Presidencia sobre el ex presidente liberal Luis Alberto Lacalle.
 

La Justicia tarda, pero llega
Ana María Michelena, cuyo hermano y cuñada están entre los 37 secuestrados de 1978 en Argentina y asesinados en Uruguay, destacó la importancia de eliminar la Caducidad:
 

“En este caso tengo a mi hermano, José Enrique Michelena, y Graciela Goubeia de Michelena, que fueron secuestrados en Argentina en 1977 y presumimos que fueron trasladados (a Uruguay) en diciembre. Teníamos muchas presunciones que estuvieran entre los traslados clandestinos de 1978. Ellos pertenecían a los Grupos de Acción Unificadora (GAU, de izquierda radical uruguaya residentes en Buenos Aires) y, en estos casos que fueron excluidos de la Ley de Caducidad, queda demostrado que la Justicia –cuando actúa en forma independiente- puede investigar. Tenemos que confiar en la Justicia y tenemos que darle independencia”, manifestó Michelena, alentando al voto de la papeleta rosada para anular la Caducidad este domingo 25.
 

Mucha carga emocional en menos de una semana luego de tanta tensión contenida, para comprobar que la Justicia tarda, pero llega. En exclusiva con Radio Nederland, el abogado Oscar López Goldaracena explicó que si este domingo se alcanza 50% más uno de votantes, la anulación de la Ley de Caducidad de 1986 dejará sin efecto incluso los casos ya laudados a favor de militares durante dos décadas.