Ante el cuerpo diplomático en pleno, como signo de su interés en abrirle espacio internacional al viraje de la política de seguridad democrática y su componente contrainsurgente  para presionar la liberación de 56 secuestrados canjeables en poder de las FARC, el presidente Álvaro Uribe presentó en la noche del lunes el anunciado informe de 'asuntos de Estado'  sobre el que había creado gran expectativa. - María Isabel García

Enmarcada en una ambiciosa estrategia multilateral que involucra, en primer término, al presidente francés Nicolás Sarkozy, de quien Uribe dijo que será su emisario  ante "todo el mundo democrático, en el G8, con todos los líderes del planeta", más que primicias, la alocución presidencial versó sobre hechos ya conocidos, los que oficializó.

En primer término, la excarcelación unilateral del 'canciller de las FARC', Rodrigo Granda, a pedido expreso del mandatario francés, y la de cerca de 180 presos que se comprometieron a no reincorporarse a las filas guerrilleras.

La medida fue  consultada y avalada también por el presidente del Paraguay, Nicanor Duarte,  pese a que Granda estaría implicado en el secuestro y muerte en cautiverio de Cecilia Cubas, hija del ex mandatario Raúl Cubas, por cuyo caso ya hay condenas en ese país sin que Granda fuera  llamado a juicio. Además, el mandatario informó que su embajador en Sudáfrica documentó experiencias de  excarcelación unilateral.

Punto muerto
El rechazo expreso de las FARC a las excarcelaciones parece dejar, por ahora, en un punto muerto la posibilidad del acuerdo humanitario por el que claman, angustiados, los familiares de los cautivos, encabezados por la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, con doble nacionalidad colombo-francesa; su fórmula vicepresidencial Clara Rojas y su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio; políticos, soldados y policías, y tres ciudadanos estadounidenses.

Mientras varios columnistas no arriesgan pronósticos y dicen que el nuevo esquema es un  'triple salto mortal al vacío', distintos sectores parlamentarios, desde el senador  Germán Vargas, líder del partido gubernamental Cambio Radical,  hasta el acérrimo opositor del presidente, Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, cuestionan la eficacia de la política en función de lograr la libertad de los secuestrados.

Apoyo de la Iglesia
Sin embargo, otros sectores como la Iglesia Católica, históricamente decisiva en los procesos de paz, parece  inclinar la balanza a favor del gobierno, en tanto éste le apuesta a lo que los jugadores de póquer llaman 'barajar y dar de  nuevo'. Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal,  que hace una semana  alertó sobre los visos de 'impunidad' que conllevaría la excarcelación masiva, ayer  llamó a las FARC  a no ser  "tan rígidas"  y "entrar en una negociación (para evitar) que un gran grupo de personas se estén pudriendo en la selva".

Garantías para Granda
Pasado el mediodía, Granda había sido conducido en un helicóptero desde la cárcel de La Dorada, distante 240 kilómetros de Bogotá, hasta la sede del episcopado católico en la capital, donde permanecerá mientras se resuelve si viaja a Cuba, país que ofreció asilo a pedido del gobierno, u otro destino desde donde ejercería sus oficios de 'gestor de paz', conminado  por el gobierno.

Del 'canciller de las FARC', que no tiene jerarquía en la estructura militar pero es el segundo en importancia del frente internacional de la organización guerrillera, después de Raúl Reyes, dijo el presidente que tendrá  "todas las garantías para que realice una labor de gestor por la paz", por lo que se espera que no intervenga "en secuestros,  asesinatos y delitos de la índole". Uribe precisó además que Granda "no aceptó renunciar al grupo de las FARC"  y mantuvo la exigencia de la desmilitarización durante 45 días de los municipios de Pradera y Florida, en el departamento del Valle,  como escenario de un eventual  intercambio humanitario.

Carlos Lozano, director del semanario Voz, órgano del Partido Comunista, quien en pasados procesos de paz ha sido negociador, cree que en lo inmediato el gobierno se coloca a la ofensiva política, pero que en términos prácticos no se avanza un ápice hacia el canje.

Radio Nederland: ¿Políticamente qué nuevo escenario surge con la liberación de Granda y la de los otros presos?
Carlos Lozano: La liberación de Granda sólo podría servirle al gobierno de Uribe y es parte de su jugada maestra, pues va a desviar la atención internacional -que estaba ejerciendo fuerte presión al gobierno- hacia las FARC. Desde el punto de vista práctico o de la  influencia positiva para desencadenar un acuerdo humanitario o establecer cualquier tipo de acercamiento  con las FARC,  no creo que tenga efecto. No creo que por ahora Granda pueda considerarse como mediador ni vocero de la guerrilla al estilo de Pacho Galán (del Ejército de Liberación Nacional). No hay posibilidad hasta este momento, a menos que las FARC cambien de posición y lo hagan saber en un nuevo comunicado.

RN: ¿Qué podría propiciar una nueva actitud de las FARC en esta coyuntura?
CL: En este momento el papel del grupo  de países amigos (Francia, España y Suiza) puede ser fundamental; principalmente el de Francia que ya ha trajinado bastante con este tema. No sólo ahora, a partir del gobierno Sarkozy, sino desde el anterior gobierno aparece muy comprometido  en el rechazo a los operativos militares de rescate, y de favorecer las soluciones negociadas. Tal vez se pueda canalizar el nuevo ambiente de expectativa que genera la libertad de Granda para producir nuevos hechos como que las FARC replanteen lo del despeje de Pradera y Florida, o que el gobierno modifique su posición  y se destrabe la situación.

RN: ¿Que papel juega el G8?
CL: Creo que si Sarkozy lleva el tema al G8,  éste puede ejercer mucha presión, presión que me temo se va a centrar sobre las FARC, especialmente  después de estos gestos del gobierno que para la comunidad internacional van a aparecer como audaces y generosos.