UNASUR no logra calmar los encendidos ánimos de Colombia y Venezuela. Los ministros de Relaciones Exteriores de América del Sur piden a los Presidentes que busquen una solución a la, por ahora, crisis diplomática.
 

José Zepeda

La idea compartida hasta casi el final de la reunión fue crear mecanismos conjuntos que impidieran la presencia de grupos guerrilleros colombianos en otros países.

Asimismo se intentaba establecer un sistema de verificación internacional sobre el terreno. Ambas iniciativas fueron finalmente rechazadas por el gobierno de Caracas porque a su juicio lo que realmente se necesita es una mesa de paz que resuelva de una vez por todas el conflicto armado más viejo de la región que ha terminado por desbordarse de las fronteras locales colombianas.

Lo que se sabe es que, en efecto, apremiados por las ofensivas del Ejército, las FARC y el ELN,  han optado, inexorablemente, por retaguardias en los países vecinos. Ése es el caso de Venezuela, el de Ecuador, y más que probablemente el de Brasil. En tal sentido estos países, estrictamente hablando, no son culpables sino víctimas de un conflicto interno y ajeno. Dicho lo cual los grados de tolerancia pueden alcanzar tal magnitud que es dable catalogarlas de complicidad. De probarse cualquier grado de connivencia estaríamos frente delitos sancionados por la Corte Penal Internacional, que aprobó la persecución de crímenes de lesa humanidad para los autores y sus apoyos.

La iniciativa venezolana, lo han dicho sus máximos representantes, emula en buena medida lo actuado por el Grupo de Contadora y el proceso de paz centroamericano, seguramente la negociación más exitosa de América Latina con el respaldo de la entonces Comunidad Europea. Pero el caso es que se trata de una historia y de unos protagonistas distintos. Las FARC y el ELN no son el FMLN de El Salvador, ni los Sandinistas que combatieron a Somoza, ni la URNG que peleaba con gobiernos demasiado controlados por el ejército o en contra de dictaduras propiamente tales. No eran esos insurgentes narcotraficantes ni secuestradores profesionales. Además, Colombia, pese a su oligarquía insensible con el drama de la pobreza y la exclusión, tiene un antiguo sistema democrático respetado por toda la comunidad internacional. Y la hoy Unión Europea incluyó en su lista de organizaciones terroristas a las FARC y al ELN, de tal modo que jamás estaría en condiciones de aceptar un rol mediador como el que tuvo en Centroamérica. Por lo demás, Obama no es Reagan.

¿Que sería deseable una negociación para terminar con el conflicto en Colombia? Qué duda cabe. Lo importante es discernir cuál es la mejor contribución de los países a esa posibilidad. Y no aparece mejor aporte en el horizonte que impedir, primeramente, que los alzados en armas se pertrechen, descansen y planifiquen desde territorios vecinos a Colombia. Luego vendría el resto imprescindible de toda negociación en el que se intenta crear un espacio mínimo de diálogo que hoy no existe ni el sueño ni en las pesadillas de las partes.

Los presidentes de UNASUR no la tienen fácil, pero tal vez ha llegado la buena hora de tomar decisiones que ayuden verdaderamente a terminar con el lastre de la violencia que impide a Colombia vivir en paz.
 

La idea compartida hasta casi el final de la reunión fue crear mecanismos conjuntos que impidieran la presencia de grupos guerrilleros colombianos en otros países. Asimismo se intentaba establecer un sistema de verificación internacional sobre el terreno. Ambas iniciativas fueron finalmente rechazadas por el gobierno de Caracas porque a su juicio lo que realmente se necesita es una mesa de paz que resuelva de una vez por todas el conflicto armado más viejo de la región que ha terminado por desbordarse de las fronteras locales colombianas.

Lo que se sabe es que efectivamente las FARC y el ELN, apremiados por las ofensivas del ejército han optado, inexorablemente, por retaguardias en los países vecinos. Ese es el caso de Venezuela, el de Ecuador, y más que probablemente el de Brasil. En tal sentido estos países, estrictamente hablando no son culpables sino víctimas de un conflicto interno y ajeno. Dicho lo cual los grados de tolerancia pueden alcanzar tal magnitud que es dable catalogarlas de complicidad. De probarse cualquier grado de connivencia estaríamos frente delitos sancionados por la Corte Penal Internacional que aprobó la persecución de crímenes de lesa humanidad para los autores y sus apoyos.

La iniciativa venezolana, lo han dicho sus máximos representantes, emula en buena medida lo actuado por el Grupo de Contadora y el proceso de paz centroamericano, seguramente la negociación más exitosa de América Latina con el respaldo de la entonces Comunidad Europea. Pero el caso es que se trata de una historia y de unos protagonistas distintos. Las FARC y el ELN no son el FMLN de El Salvador, ni los Sandinistas que combatieron a Somoza, ni la URNG que peleaba con gobiernos demasiado controlados por el ejército o en contra de dictaduras propiamente tales. No eran esos insurgentes narcotraficantes ni secuestradores profesionales. Además, Colombia, pese a su oligarquía insensible con el drama de la pobreza y la exclusión, tiene un antiguo sistema democrático respetado por toda la comunidad internacional. Y la hoy Unión Europea incluyó en su lista de organizaciones terroristas a las FARC y al ELN, de tal modo que jamás estaría en condiciones de aceptar un rol mediador como el que tuvo en Centroamérica. Por lo demás Obama no es Reagan.

¿Que sería deseable una negociación para terminar con el conflicto en Colombia? Qué duda cabe. Lo importante es discernir cuál es la mejor contribución de los países a esa posibilidad. Y no aparece mejor aporte en el horizonte que impedir, primeramente, que los alzados en armas se pertrechen, descansen y planifiquen desde territorios vecinos a Colombia. Luego vendría el resto imprescindible de toda negociación en el que se intenta crear un espacio mínimo de diálogo que hoy no existe ni el sueño ni en las pesadillas de las partes.

Los presidentes de UNASUR no la tienen fácil, pero tal vez ha llegado la buena hora de tomar decisiones que ayuden verdaderamente a terminar con el lastre de la violencia que impide a Colombia vivir en paz.