El larvado diferendo por el río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua conoce un fallo más: la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, dictó solamente una medida cautelar en respuesta a la demanda presentada por la República de Costa Rica.

En un esperado fallo, los jueces de la CIJ han pedido a las partes a que se abstengan de estacionar tropas o cuerpos policiales en la zona fronteriza en disputa, para evitar un escalamiento de la tensión; una "situación que necesariamente debe evitarse". Se trata de una pequeña isla fluvial en una aislada región selvática, ubicada en un delta próximo al Caribe. Aproximadamente dos kilómetros cuadrados de pantanos y arenales.

Los jueces de la CIJ han dictamado que "no pueden pronunciarse" sobre las demandas por violación de soberanía que Costa Rica denuncia. Los jueces se han limitado a decir que dichas demandas podrían tener solidez, pero no hay elementos contundentes para realizar un pronunciamiento claro al respecto. La CIJ recomendó a Costa Rica denunciar ante la comisión internacional de humedales, Ramsar, la eventual perturbación del ecosistema de humedales que le pertenece, esto en respuesta al " ecocidio " denunciado por el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla.

"Por su parte, Nicaragua ha reaccionando diciendo que el fallo "es muy favorable a toda la argumentación esgrimida por el gobierno del Presidente Daniel Ortega". Así expresó a RNW, en entrevista exclusiva, el agente Carlos Argüello.

De igual forma se expresó el agente costarricense Edgar Ugalde, al insistir que la única defensa que tiene Costa Rica es "la apuesta pacífica en la resolución de conflictos, y la CIJ nos ha dado la razón". Tanto Castro como Ugalde restaron importancia a que la CIJ no considerara el resto de las medidas cautelares solicitadas por Costa Rica. De acuerdo con ambos, lo fundamental era lograr el retiro de las tropas nicaragüenses de la zona en disputa.

Lo fundamental para nosotros es que Nicaragua tiene todo el derecho de continuar con las obras de dragado en el río San Juan, un derecho que Costa Rica quería arrebatarnos. La presencia de nuestro ejército respondió a las operaciones de bandas de narcotraficantes en la zona, jamás invadimos ni tampoco nos interesa crear una base fija en esa zona. Hablamos de un pantanal que nos está costando dos millones de dólares por vista de la Corte Internacional, es ridículo", dijo Argüello.

Ambos países esperaban el pronunciamiento de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, en el marco de la demanda presentada por Costa Rica en noviembre del 2010. En los fundamentos ante la CIJ, San José denunció lo que considera una invasión militar del ejército nicaragüense de su territorio. El gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla también documentó el impacto ambiental que provocaron las obras de dragado del río San Juan, iniciadas por el gobierno del Presidente Daniel Ortega en septiembre del 2010. Al mismo tiempo, San José pidió a la comunidad internacional preocuparse por "el ecocidio" del sistema de humedales de la zona fronteriza, el cual Managua estaría "alterando" de manera "irreversible". La parte demandante, Costa Rica, expresó a RNW que el fallo provisional de la CIJ "es muy favorable a los intereses del país. Nuestra apuesta al derecho internacional nos ha dado la razón", dijo de forma categórica el canciller René Castro.

Desde un principio, Nicaragua rechazó el reclamo costarricense, basando su argumentación en la figura del "sumo imperio" que le confieren los tratados limítrofes Cañas-Jerez y laudos Cleveland del siglo XIX. De acuerdo a Managua, el río San Juan es un fluvial que le pertenece; y, por lo tanto, se encuentra en "plena" potestad de hacer y realizar las tareas u obras que considere necesarias.
Aún más, el gobierno del Presidente Daniel Ortega adelantó en enero que su país interpondría una nueva demanda ante la CIJ, por los daños ambientales provocados por Costa Rica en el río San Juan, derivados de las actividades ganaderas, madederas y mineras.

La tensión entre ambos países estuvo a punto de desbordarse, al movilizar el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla un escuadrón de 160 policías con cascos de guerra, fusiles de asalto y ametralladoras a la zona en disputa. El despliegue policial vino acompañado de una serie de polémicos anuncios, como la creación de heliopuertos, una policía especial para fronteras, la posible creación de un impuesto de defensa y la consideración de un nuevo cuerpo policial semi militarizado.

El origen de las rencillas mutuas se remonta al siglo XIX, como secuela de la anexión en 1824 por parte de Costa Rica de la región de Nicoya, que pertenecía a Nicaragua en la colonia. Un tratado de 1858 intentó compensar esta pérdida, dando a Managua la soberanía del San Juan, aunque otorgando derechos perpetuos de navegación con fines comerciales a Costa Rica.

La CIJ se pronunció en 2009 sobre el San Juan, ratificando el derecho de Costa Rica a la libre navegación, pero rechazó su pretensión de que policías costarricenses armados patrullaran el río. Sin embargo, ningún fallo de la CIJ ha sido suficiente para marcar un punto y final a las diferencias entre Costa Rica y Nicaragua por el río San Juan.